En Necaxa concluyeron los trabajos de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida con un pronunciamiento de rechazo a los proyectos o leyes que impliquen el despojo y la privatización del agua, el rechazo a la Ley Korenfeld-Peña Nieto, las reformas estructurales y sus legislaciones secundarias.
En un documento redactado durante los trabajos llevados a cabo en el auditorio de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los representantes de la tribu Yaqui y las diversas organizaciones poblanas exigieron el esclarecimiento del asesinato del ambientalista Antonio Esteban Cruz, dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular del Estado de Puebla, acaecido el 4 de junio del 2014 en el municipio de Cuetzalan.
Se pronunciaron por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y de todos y cada uno de los 25 mil desaparecidos en el país.
“Exigimos un alto al hostigamiento a la cooperativa Unidos Ganaremos s.c. de r.l. que preside el abogado Abelardo Cuéllar Delgado a quien expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo, ya que ha sido un incansable luchador social y es el defensor legal de los trabajadores despedidos por gobierno poblano”.
“Exigimos el cese a la represión en contra de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA)N 28 de Octubre y la libertad de sus líderes, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y su hijo Rubén Sarabia Reyna, así como el cese a la persecución policial en contra de Xihuel Rita Fernando y de todos los integrantes de esta organización.
“Exigimos la libertad de los presos políticos de todos los pueblos y organizaciones que luchan por su patrimonio.
“Rechazamos la promulgación y aplicación de la nueva ley orgánica municipal del estado de Puebla que ha despojado del registro civil a las comunidades indígenas y campesinas y les han quitado el grado de juntas auxiliares.
“Nos pronunciamos por la protección del Complejo Hidroeléctrico Necaxa, como patrimonio histórico industrial vivo, para que siga generando energía con la mano de obra calificada del SME”, aduce el pronunciamiento.
En el documento se manifestó el rechazo al despojo de los bienes naturales, que con el pretexto de proyectos privatizadores han atacado y desplazado a pueblos y comunidades indígenas por todo el país donde se les niega el derecho a la consulta libre, previa e informada.
Se condenó también la minería a cielo abierto, el fracking, los gasoductos, hidroeléctricas, acueductos, el proyecto terciario del golfo, parques eólicos y geotérmicos, entre otros que sean impuestos en contra de la voluntad de los pueblos y todas las reformas estructurales que han permitido el saqueo, el desplazamiento, el daño ecológico y la privatización del patrimonio de los mexicanos.
Se hizo un enunciado especial por el derecho humano al trabajo y a un salario digno tal y como lo señala la constitución, por lo que se urgió a la solución definitiva al conflicto del SME y la reinserción laboral de sus integrantes, de los maestros cesados y a los despedidos injustamente del gobierno del estado de puebla.
Las organizaciones reunidas demandaron a todos los candidatos a diputados federales de todos los partidos manifestarse públicamente en contra de las reformas estructurales y proyectos de muerte.
Hicieron un llamado a no otorgar ningún voto en las próximas elecciones federales a los partidos políticos que apoyaron el Pacto por México y las reformas que han permitido el despojo, el saqueo y la muerte, como son la coalición de partidos neoliberales; el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y sus satélites de nueva creación.
Los integrantes del SME cerraron la sesión abrazando la lucha en defensa del río Yaqui y en contra del acueducto independencia y por la libertad de los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez.
“Llamamos al pueblo de México a articular todas las luchas en un gran frente en defensa del agua, la tierra y los territorios, el trabajo y salarios dignos, y en contra de las llamadas reformas estructurales”.
Así concluyó su paso por Puebla y los representantes de la tribu Yaqui continuaron su marcha hacia el estado de Tulancingo, Hidalgo.
