La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) alertó a estudiantes de bachillerato sobre los riesgos en el uso de Internet, por ende compartió estrategias para evitar que sean víctimas de algún delito.
El presidente de la Comisión, Adolfo López Badillo, conversó con alumnos del Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”, con sede en el municipio de Izúcar de Matamoros a quienes dio a conocer que delitos como trata de personas, uso indebido de datos personales, extorsión y fraude se ejecutan con mayor facilidad a través de las redes sociales.
Durante la conferencia “Los derechos humanos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s)” señaló que en el país 37.6 millones de mexicanos tienen acceso a Internet, lo que representa el 37.2 por ciento de la población, de este universo los jóvenes entre 12 y 17 años se ubican en el segmento mayoritario.
Según el INEGI, el principal uso de la herramienta es para obtener información y para establecer comunicación, en este último es cuando grupos delictivos aprovechan las redes sociales para obtener datos personales que pueden utilizarse de forma negativa.
Aunque no hay una estadística que evidencie el número de víctimas de trata, diversas organizaciones refieren que al año más de 100 mil personas son explotadas en el país, algunas de ellas tuvieron el primer contacto con sus transgresores a través de redes sociales.
Por lo anterior, López Badillo recomendó a los estudiantes evitar interlocución alguna con desconocidos, no proporcionar información personal o que involucre a familiares y amigos, prescindir de compartir videos o fotografías, y leer a detalle el contenido de las políticas de privacidad de algunos sitios web, ya que en ocasiones ceden su información a terceros sin que se percaten de ello.
En el mismo tenor indicó que en México algunas leyes, códigos y reglamentos reconocen las TIC’s, sin embargo es necesaria la creación de una ley que especifique los alcances y sanciones por el mal uso de la herramienta.
De ser así los riesgos se reducirían para dar paso a los aspectos positivos tales como: acceso a información, conocimiento y transparencia; libertad de expresión y la libre distribución de la información; posibilidad de socialización y comunicación de manera segura; implementación de nuevas formas de convivencia social; una oportunidad para la participación ciudadana; así como el esparcimiento e integración social.
