La Contraloría Municipal informó que las consecuencias administrativas por el supuesto desfalco de 547 millones de pesos, atribuido a la gestión panista encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, no se conocerán sino hasta enero de 2026. El monto corresponde a gastos que no cuentan con documentos que los respalden.
Antes de llegar a una resolución, los expedientes serán turnados al área de Responsabilidades, donde se evaluará quiénes podrían enfrentar procesos o sanciones, como parte del compromiso de fortalecer la rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Puebla.
La contralora, Dulce Lilia Rivera Aranda, indicó que durante la entrega-recepción el gobierno saliente no entregó toda la información necesaria para aclarar las irregularidades detectadas. Añadió que las auditorías que se realizan desde hace un año concluirán en diciembre, para después iniciar la etapa de análisis individual de cada caso.
Entre los pendientes, detalló, aún falta justificar 387 millones de pesos relacionados con contratos, inversión pública y gasto corriente, en especial en proyectos de obra pública. También se incluyen adeudos con proveedores, pagos atrasados de servicios como electricidad y telefonía, además de desembolsos sin explicación, motivo por el cual el ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Durante la transición de gobierno se registraron 368 observaciones en diversas áreas municipales, las cuales no fueron solventadas por la administración anterior.
La Contraloría prevé que todo el proceso quede concluido antes de que finalice la administración de José Chedraui Budib, momento en el que se emitirán las determinaciones finales.
