El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, informó que ya se han reunido con los afectados por el desalojo de viviendas en la zona de La Covadonga.
Sin embargo, hizo un llamado a la civilidad, señalando que no se pueden permitir manifestaciones donde los participantes se cubran el rostro o incurran en actos de violencia.
En respuesta al bloqueo realizado por personas desalojadas del predio La Covadonga, el edil aseguró que se buscará una solución para quienes fueron víctimas de un fraude al adquirir terrenos con documentos emitidos en el estado de Tlaxcala.
“Estamos dispuestos a ayudar a las personas que fueron engañadas, pero nadie puede reclamar justicia encapuchado”, recalcó.
Explicó que la situación legal del predio fue atendida conforme a lo que se les instruyó jurídicamente, ya que se trataba de un conflicto de larga data iniciado por particulares.
Por su parte, el secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez Álvarez, confirmó que los compradores fueron estafados con escrituras falsas expedidas en Tlaxcala, a pesar de que los terrenos están dentro del estado de Puebla.
“El problema es que toda la documentación se tramitó en Tlaxcala, cuando en realidad esa zona pertenece claramente a Puebla”, puntualizó.
El pasado 22 de julio, un grupo de personas desalojadas bloqueó la calle Reforma para exigir una indemnización por los daños ocasionados durante el operativo municipal, que se llevó a cabo en la madrugada del 19 de julio.
Los manifestantes, algunos con el rostro cubierto, insistieron en que eran legítimos propietarios, ya que contaban con escrituras. Sin embargo, Rodríguez Álvarez aclaró que, al momento del desalojo, no había personas habitando el predio.
En este contexto, la Fundación Julita y Antonio, propietaria del terreno, denunció que alrededor de nueve hectáreas habían sido invadidas desde hace dos años por grupos organizados.
Ante la inacción de las autoridades, la fundación promovió un amparo federal para que se llevara a cabo el retiro de los invasores y la demolición de construcciones ilegales, acción que fue realizada por el personal del ayuntamiento.
