Una vez más, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomaron las principales calles de la ciudad de Puebla este 1 de octubre, con una protesta en caravana vehicular que afectó la circulación.
Con esta manifestación, denominada “La Caravana Fúnebre”, denunciaron que la reciente aprobación de la reforma judicial “mató” la autonomía del Poder Judicial y la libertad en la impartición de justicia en el país.
Portando banderas de México y cartulinas en sus vehículos con diversos mensajes, los manifestantes recorrieron la avenida Reforma, lo que complicó el tránsito vehicular en el Centro Histórico de la ciudad.
Video: Anel Esgua / EsImagen
A diferencia de manifestaciones anteriores, donde los trabajadores del PJF habían bloqueado vialidades a pie, como la Vía Atlixcáyotl, la autopista México-Puebla y el bulevar Héroes del 5 de Mayo, esta es la primera ocasión en la que optan por una caravana vehicular. “La Caravana Fúnebre” concluyó en el zócalo de Puebla, donde los participantes se tomaron la foto del recuerdo.
Tras la rendición de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, se espera que mañana, 2 de octubre, termine el paro de labores del Poder Judicial de la Federación en Puebla y se retomen las actividades en su edificio sede, en Ciudad Judicial.
La reforma se pondrá en marcha el próximo año
En 2025, se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces, y los actuales ocupantes de estos cargos podrán postularse nuevamente como candidatos.
Para ser elegido ministro, los aspirantes deberán contar con el título de licenciado en Derecho, un promedio mínimo de 8.0, y de 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de cinco años de experiencia en el ámbito jurídico.
Además, los candidatos deberán presentar un ensayo de tres cuartillas justificando su postulación, así como cinco cartas de referencia.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán un mandato de 12 años, dependiendo de los resultados de la votación.
A diferencia del actual proceso, donde los ministros son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado, esta iniciativa contempla un proceso de elección más abierto, supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
