En los centros penitenciarios de Puebla, una de cada 10 mujeres ha sido víctimas de agresiones sexuales, lo que ubica a la entidad como el estado con mayor incidencia de estos casos analizados en el informe “Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?”, elaborado por las organizaciones Asilegal y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Ibero Puebla.
El reporte destaca que una interna del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla señaló que la torturaron con golpes, obligándola a desnudarse, pateándola, poniéndole una bolsa en la cara y amenazándola con toques eléctricos en los pezones.
En la entidad, de las 282 mujeres reclusas, 32 han sido agredidas sexualmente o violadas. Tres dentro de los centros de readaptación y 29 fuera de ellos. Las mujeres también refirieron que con frecuencia el personal femenino de custodia las hostigó y acosó sexualmente.
El análisis fue presentado en el 144 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington e incluye informes de los estados de Guanajuato, Puebla, Guerrero y Querétaro.
La ocurrencia de los casos de agresión sexual se encuentra fomentada, sobre todo, por las revisiones exhaustivas e intimidatorias de las cuales son objeto algunas mujeres, quienes deben ser trasladadas al área varonil para realizar diversas actividades. Estas revisiones generalmente consisten en desnudar a las mujeres privadas de libertad y obligarlas a realizar sentadillas para evitar que transporten pequeños paquetes de droga en la zona vaginal.
A cuatro de cada 10 les piden hacer “algo más” para recibir visita conyugal
En Puebla, a cuatro de cada 10 internas les exigen “algo más” para tener acceso a la visita conyugal, y es la entidad en la que las mujeres se sentían con mayores obligaciones para realizar esta visita.
En el acceso a la visita íntima, las autoridades penitenciarias exigen, como requisito indispensable, la comprobación de un vínculo legalmente reconocido entre la mujer interna y la persona (varón obligatoriamente) que le visita.
Esto implica que, administrativamente, las mujeres sólo pueden relacionarse sexual y afectivamente con una persona durante todo el tiempo de su reclusión, y que se les impida, en un momento determinado, cambiar de pareja.
Además, esta medida impide que parejas igualitarias puedan hacer uso de este beneficio, ya que la ley en los estados analizados no reconoce la unión legal entre este tipo de parejas como lo precisa una interna de Puebla: “La visita es restringida y para los hombres no. Aquí no permiten ciertos alimentos que a los hombres no les prohíben. A las mujeres no les permiten tener diferentes tipos de visita, por ejemplo, las lesbianas o bisexuales”.
Violaciones a los derechos humanos, destaca la CEDH
Mediante la información emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se identificó que en el número de expediente 9755/2005-I, una interna del Centro de Reinserción Social de Puebla se quejó porque quería volver a ser madre, motivo por el cual solicitó la visita conyugal que le había sido suspendida.
El goce efectivo de este derecho, en el contexto penitenciario, representa la oportunidad para que las personas en reclusión accedan a los mecanismos para ejercer su sexualidad libremente y sin interferencia de prejuicio alguno. Para ello, es necesario tomar en cuenta las particularidades de cada sujeto.
No obstante, durante la realización de la presente investigación, se pudo documentar la ausencia de las circunstancias óptimas para el ejercicio de los derechos sexuales. Así, el 59% de las mujeres entrevistadas no tenían acceso al beneficio de la visita íntima, argumentando principalmente motivos personales, no tener pareja o querer hacer uso de este derecho por los trámites complicados que se exigen para este derecho, o bien por el abandono que sufrieron en su ingreso a algún centro de reinserción.
Puebla, el estado con mayor población femenil recluida
La pertinencia del reporte se basa en que el estado de Puebla es la entidad con la mayor población femenil de las cuatro entidades analizadas. El Centro de Reinserción Social de Puebla cuenta con 226 mujeres (80% de la población femenil en esa entidad), seguido por Cholula con 22 mujeres (8%) y Tehuacán con 21 mujeres (7%). En Huauchinango se encuentra sólo el 5% de la población (13 mujeres).
El primer centro penitenciario cuenta con las instalaciones más amplias para recibir un número mayor de internas. Sin embargo, esta infraestructura está construida de manera improvisada en un espacio anexo al centro penitenciario varonil, lo que deriva en deficiencias en la calidad de los servicios básicos.
Puebla el noveno estado con más recursos para penales
Por su parte, con respecto a los recursos que se destinan al sistema penitenciario, la Federación otorgó en el año 2001 a Puebla, 270 millones 48 mil 706 pesos, de los 7 mil 124.3 millones de pesos que se destinaron al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.
Los diez entidades federativas que recibieron más recursos en ese año son: 1) Estado de México, 568,101,295 pesos; 2) Distrito Federal, 445,548,644 pesos; 3) Veracruz, 341,876,124 pesos; 4) Jalisco, 319,115,904 pesos; 5) Chiapas, 294,602,546 pesos; 6) Baja California, 290,097,313 pesos; 7) Sonora, 285,602,861 pesos; 8) Nuevo León, 272,662,281 pesos; 9) Puebla, 270,048,706 pesos, y 10) Tamaulipas, 262,729,182 pesos.
La quinta con mayor población penitenciaria del país
Al cierre del 2011, existen en Puebla 630 presos acusados por delitos del fuero federal y 7 mil 441 por delitos del fuero común. Cabe resaltar que el Distrito Federal cuenta con 40 mil 492 personas privadas de libertad; el Estado de México con 18 mil 315; Baja California, 17 mil 145; Jalisco, 16 mil 224; Sonora, 12 mil 62; y Puebla con 8 mil 71. Éstas son las entidades con mayor población penitenciaria. Sumadas, las personas privadas de la libertad de estas entidades (112 mil 309) representan el 50 por ciento total de la población penitenciaria nacional.
Puede observarse que, en lo que respecta a la población por entidad, las diferencias son abismales. Mientras el Distrito Federal (40 mil 492 personas privadas de libertad) concentra el 18 por ciento de la población nacional, Tlaxcala (727 personas) solo tiene el 0.32 por ciento.
