A la crisis de inseguridad que padece Sinaloa se suma la bomba de tiempo contra la ciudadanía que representan los narcolaboratorios y las sustancias químicas usadas para elaborar drogas sintéticas decomisados por el Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con personal militar y de la empresa Quick System, contratada por la PGR para trasladar y almacenar las sustancias incautadas, el número de laboratorios desmantelados en la entidad federativa ha rebasado ya la capacidad de manejo y resguardo de los precursores para fabricar drogas, por lo que han sido improvisados centros de almacenamiento que carecen del aval de Protección Civil estatal.
De 2011 a la fecha han sido descubiertos en Sinaloa 146 laboratorios clandestinos, ubicados en nueve de los 18 municipios que conforman el estado, indican cifras del Ejército.
Hasta la fecha, la PGR da cuenta de que 12 cocineros del narco —quienes se encargan de fabricar la droga sintética— han perdido la vida por intoxicación.
Peligro: Desechos del narco
Indagan muerte de 12 “cocineros”; en 2011 y 2012 se han desmantelado 146 narcolaboratorios.
Sinaloa es una bomba de tiempo ante un inminente colapso de miles de litros de sustancias altamente tóxicas y contaminantes que han sido decomisadas y guardadas en instalaciones públicas.
Dichos componentes provienen de aseguramientos de narcolaboratorios donde se producían drogas sintéticas.
La vida de decenas de personas se encuentra en riesgo ante la indiferencia de una autoridad estatal y federal que ha dejado el problema a la suerte; en contraparte, el Ejército es la única autoridad que en ese estado identifica y asegura las sustancias y las “rudimentarias fábricas” donde se elaboran las drogas sintéticas llamadas metanfetaminas y crystal.
Actualmente, Sinaloa vive una de las peores crisis de su historia, no sólo por la violencia extrema que a diario deja muertos por los enfrentamientos constantes por rivalidad delincuencial de cárteles del narcotráfico, sino por la aparición de los narcolaboratorios que las organizaciones criminales instalan y que provocan la contaminación en lechos de ríos, mantos freáticos y en el hábitat natural de algunas especies.
Elementos de la IX zona militar lograron en 2011 la destrucción de 66 laboratorios y 80 en 2012.
Empleados de la empresa Quick System, que fue contratada por la Procuraduría General de la República (PGR) para trasladar las sustancias tóxicas que son aseguradas por los elementos del Ejército, precisan que su capacidad para transportar las sustancias químicas se ha visto rebasada por el tamaño del problema.
Ellos afirman que han dejado de recoger las sustancias decomisadas debido a que sus bodegas y las de la PGR se encuentran a su máxima capacidad y “ya no caben, ya no podemos ir a traer lo que aseguran los militares, ya no tenemos dónde ponerlo y la situación es grave porque están a punto de estallar”, afirmó uno de los trabajadores.
El Ejército resguarda los narcolaboratorios que logra encontrar y los soldados en muchos casos permanecen meses en lugares enclavados en la sierra sinaloense, manteniendo perímetros de seguridad para evitar que los cárteles del narcotráfico regresen por las sustancias y la droga y en espera de que la PGR realice el aseguramiento.
La PGR, a cargo de Marisela Morales, así como el gobierno del estado que encabeza Mario López Valdez, no sólo han incurrido en actos de omisión al dejar a la suerte y al tiempo los productos químicos decomisados, sino a su propio personal y a los elementos del Ejército que de manera constante se exponen a sustancias altamente contaminantes.
De acuerdo con los datos proporcionados por trabajadores de esa empresa, cuyo apoderado legal y dueño es Alberto Borrael Bazúa, indicaron que la PGR los contrató para trasladar las sustancias químicas desde los puntos en que son encontrados los narcolaboratorios; sin embargo, por falta de dictámenes de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) las sustancias no han podido ser destruidas, a pesar de que se trata de una situación de seguridad nacional.
Actualmente una bodega, la propia delegación de la PGR en Sinaloa e instalaciones militares resguardan las sustancias como amonio, ácido clorhídrico, ácido tartárico, fenilacetato de etilo, metanfetamina líquida o sólida, también conocida como crystal, sosa cáustica, mercurio y aluminio, entre otras sustancias químicas.
Los trabajadores de la empresa dijeron que la bodega mide mil metros cuadrados, en tanto la PGR resguarda en su delegación, en un espacio de 400 metros, bultos y miles de litros de sustancias.
Dictámenes de Protección Civil de Sinaloa aseguran que la falta de aire acondicionado y ventilación ha provocado que los gases y los envases de las sustancias químicas puedan estallar en cualquier momento.
Empleados de Quick System indican que la PGR les debe siete millones de pesos desde hace ocho meses y que la Oficialía Mayor y la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo han dicho que los trámites administrativos “son así de tardados”.
Trabajadores de esa empresa expusieron que ya no están dispuestos a arriesgar su vida, puesto que “le deben al patrón, a nosotros no se nos paga sueldo de riesgo, los animales que utilizamos para bajar los químicos se mueren luego luego, porque en la zona en la que están no entran vehículos, y sin forma de traslado y sin incentivos económicos no es posible trabajar”.