El martes pasado publiqué varias líneas sobre un tema detectado ya por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria en el contexto del Caso Mónex.
Hoy la realidad confirma esas palabras.
Vea el lector, primero, lo que escribí en este espacio ese martes:
“Quienes al parecer sí tendrán problema son los operadores de la empresa Efra, ligada a la familia de abogados Fraga, pues, al decir de fuentes cercanas al Sistema de Administración Tributaria (SAT), estarían incurriendo en un delito federal: el lavado de dinero.
“Las investigaciones en el SAT van muy avanzadas y han puesto en la mira a la Banca nacional.
“El ya célebre caso de lavado de dinero detectado en el banco HSBC prendió los focos rojos.
“El caso Mónex va por la misma ruta.
“Pero nada tiene que ver el PRI en ese tema.
“Sí, en cambio, algunas empresas que han aparecido tangencialmente en esta historia.
“Las líneas de investigación llevan incluso a temas de lavado de dinero producto de secuestros.
“Algunas se ocultan en el denominado outsourcing: una fórmula que consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un contrato.
“De esta forma, la compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la primera.”
Hasta aquí la cita.
Ahora invito al lector a leer estos fragmentos de la nota principal publicada este miércoles por el diario Reforma, nota que confirma las líneas anteriores:
“Según el representante legal de la empresa Alkino Servicios y Calidad, la única a la que el tricolor reconoce haber contratado para pagos de operación electoral, reveló que la entidad que tramitó el financiamiento al PRI por 66.3 millones de pesos con tarjetas de Monex fue Comercializadora Atama.
“Esta empresa, constituida el 27 de octubre de 2006, tiene como socios a Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales. El primero falleció hace dos años y se dedicaba a la transportación de materiales de construcción, mientras que el segundo es una persona sin empleo fijo que cuando puede consigue trabajos informales.
“Los mismos nombres aparecen como socios de otra empresa considerada ‘fantasma’: Grupo Comercial Inizzio. Ninguno de los dos personajes tiene condiciones para ser empresario con manejos millonarios como los operados en la campaña electoral”.
En respuesta al reportaje, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, aseguró que “ellos no son responsables de las relaciones de la empresa Alkino con terceros, ya que el tricolor sólo tiene un contrato establecido con dicha organización y no con ‘fantasmas’.
“’Nosotros contratamos a la empresa Alkino, le pagamos un servicio por ello y tenemos un contrato debidamente y legalmente establecido con ellos, y son ellos responsables de lo que signifique legalmente las relaciones que tienen ellos con cualquier otra empresa o con cualquier otra entidad, el PRI sólo es responsable del contrato que tiene con la empresa Alkino’, dijo Ramírez Marín en entrevista con Radio Red”.
En efecto: lo que estamos viendo es un intrincado procedimiento de outsourcing: una fórmula que consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un contrato.
En otras palabras: la compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la primera.
Tal y como se lo adelanté el martes.
