Razones
Jorge Fernández Menéndez
Es uno de los principales negocios del crimen organizado. En muchas ocasiones les deja más recursos que el narcotráfico, se extiende por buena parte del país, pero tiene su epicentro en Puebla. Es el robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos que dejan a los grupos criminales utilidades de unos mil 600 millones de pesos mensuales, sólo en ese estado.
El robo de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada que cuenta, además y en este caso con la participación de grupos sociales importantes como cómplices.
En lo que va de esta administración se han localizado en todo el país poco más de 21 mil tomas clandestinas, las más importantes en el poliducto Minatitlán-México, que tiene 592 kilómetros de largo, de los cuales 154 kilómetros cruzan por el estado de Puebla. Allí se da la mayoría de las tomas clandestinas, en los municipios de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo. En esa zona, que se conoce ya popularmente como el Triángulo Rojo, en lo que va de esta administración se han detectado nada más y nada menos que cuatro mil 441 tomas clandestinas. Localidades completas de la zona viven exclusivamente de esa actividad.
Sólo en el último año se han presentado en la zona 23 enfrentamientos con los pobladores: doce con militares, dos con la Policía Federal y ocho con elementos de seguridad de Pemex cuando se ha intentado cerrar las tomas clandestinas, incautar el combustible robado y detener a los responsables. Las fuerzas de seguridad se han tenido que enfrentar a manifestaciones violentas, donde los criminales utilizan, sobre todo, a mujeres y niños, mientras que hombres armados van agazapados detrás de ellos. En este último año ha habido, como consecuencia de ello, un policía federal muerto, cuatro policías federales y dos elementos de seguridad de Pemex heridos por arma de fuego. Más recientemente, el 9 de marzo pasado, fueron secuestrados y asesinados por los grupos criminales que operan en la zona tres agentes de la fiscalía general del estado en el municipio de Esperanza.
El Triángulo Rojo está dominado por el grupo denominado Nueva Sangre Zeta, un desprendimiento de los Zetas que surgió cuando se desmembró la cúpula de esa organización en el 2015. Operan entre Puebla y Veracruz y son uno de los principales responsables de la violencia que afecta a ambos estados. El jefe de Nueva Sangre Zeta se llama Roberto de los Santos de Jesús y le apodan El Bucanans. En Puebla, su lugarteniente es su hermano Saúl apodado El fósil y complementan el robo de hidrocarburos con el secuestro, la extorsión y el robo al transporte de carga.
Tienen bajo su mando a distintos grupos menores, como uno llamado Los Tlacuaches, que opera en San Martín Texmelucan y Palmar Bravo. Otra banda se hace llamar Los Gasparín y operan en Tepeaca, Amozoc y Esperanza.
Según organismos de inteligencia federales, los recursos que obtienen sólo del robo de combustible superan los mil 600 millones de pesos mensuales, una cantidad estratosférica que demuestra que, además, tienen que haber detrás de ellos fuertes cadenas de corrupción y comercialización.
La gente del Triángulo Rojo apoya a los delincuentes porque han convencido de que tiene derecho a quedarse con el contenido de los ductos, ya que éstos pasan por sus tierras (en Guerrero veíamos días atrás que los narcos han convencido a muchas comunidades que tienen derecho a cultivar amapola porque les dicen que las drogas ya son legales y ellos tienen derecho a sembrar lo que quieran en sus terrenos), un argumento aderezado por un discurso de abandono y desamparo gubernamental. Ponen en riesgo con ello su libertad y su propia seguridad, porque con regularidad esas tomas clandestinas generan accidentes, como el ocurrido ayer en la localidad de Progreso de Juárez, en el municipio de Acatzingo, el mismo lugar donde apenas el 7 de marzo pasado había habido una explosión en otra toma clandestina.
Éste es un caso paradigmático de un desafío a la seguridad interior que obliga a la intervención militar y policial en circunstancias especiales. Se requiere una estrategia conjunta y común en todo el Triángulo Rojo para romper con ese negocio criminal, misma que no puede ser asumida en forma aislada por ninguna fuerza de seguridad. Estamos hablando de un negocio que deja a los criminales, insistimos, mil 600 millones de pesos mensuales, en comunidades y municipios que, en los hechos, no están bajo control de autoridad alguna. Ese desafío es mayor y más redituable para los criminales, en muchos de los casos, que el derivado del tráfico de drogas.
Por cierto, a ver si hoy el senador Roberto Gil logra que legisladores y partidos asuman, finalmente, por lo menos, un debate abierto sobre la ley de seguridad interior.
