Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron violadas el pasado 30 de noviembre tras asistir al concierto que la radiodifusora EXA realizó en Puebla.
Sin embargo, por la negligencia del Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales, las jóvenes llevan dos días en espera de la profilaxis necesaria para que no contraigan enfermedades sexuales, además de que no han sido restituidas a sus padres.
Las menores salieron del concierto y sus amigos les dieron un aventón hasta Boulevard Forjadores, frente a Plaza San Diego, alrededor de las 12:30 de la noche.
La jóvenes, quienes incluso se encontraban acompañadas por su hermano, fueron interceptadas por un vehículo del que bajaron tres sujetos y les apuntaron con arma de fuego para luego llevárselas por la fuerza. En la parte delantera, junto al chofer, el hermano fue encañonado mientras las dos jóvenes de 15 y 16 años iban en la parte trasera. Al llegar a un terreno baldío, los sujetos bajaron a las jóvenes y abusaron de ellas.
Para denunciar los hechos se inicio la carpeta de investigación 1817/2016/SEX. Debido a que los padres de las jóvenes radican en la junta auxiliar Buena Vista, del municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, y luego de que a sus hermanos mayores se les impidió hacerse cargo de ellas, las menores fueron entregadas al Sistema Estatal DIF.
Para poder realizar los trámites, Brisamariela Díaz Pérez e Idalia Carlos Pérez, agentes del Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales obligaron a los familiares de las jóvenes a viajar siete horas hasta Tlacotepec y de regreso a Puebla para traer a los padres.
Es importante resaltar que los hermanos hicieron por escrito un entroncamiento, es decir, presentaron las actas de nacimiento para que fueran reintegradas a la familia sin necesidad de que estuvieran presentes los tutores, pero las agentes siguieron exigiendo la presencia de los padres de origen mazateco.
No conforme, la Carpeta de Investigación fue remitida al área especializada en Atención a Menores de Edad, sin embargo se descubrió que el oficio estaba mal integrado, por lo que el expediente fue devuelto, lo que se atrasó aún más la atención a las jóvenes.
Los representantes legales de la familia de ambas menores insisten que con este trato la Fiscalía General del Estado viola los derechos internacionales de los niños y los adolescentes al no proveer una justicia expedita.
A casi dos días después de los hechos a las víctimas del delito de violación no han podido levantar su declaración ni se les ha dado tratamiento médico y psicológico necesario.
