El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Gustavo Solares Campos, reveló que existe una serie de normas para detectar de dónde provienen los recursos y asegurar que el dinero para construir obras sea legal.
Esto en relación a la empresa BlueIcon Technology S.A de C.V. que construye el complejo My Residence, un proyecto asentado en un predio donado por el gobierno al Consejo Coordinador Empresa (CCE) en Puebla, y cuya inversión, señalan algunas columnas, ha resultado sospechosa para la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero.
Indicó que en caso de tener datos concretos sobre la empresa poblana, las autoridades deberán tomar las acciones correspondientes, sin embargo señaló que son casos aislados y lo que impacta fuertemente es para bien en cuanto a la confianza para invertir en el estado.
Para el efecto, existe la ley de lavado de dinero para asegurar que el recurso empleado en desarrollos inmobiliarios provenga del licito. Mientras que las leyes de extensión de dominio previene a la gente de saber con quiénes hace negocios en relación a sus propiedades.
“Normalmente cuando alguien se mete en un contrato tendrá que validar todas las condiciones contractuales y las condiciones de con quien se asocia. Para una inversión importante se recomienda saber con quien está uno trabajando”, añadió en entrevista.
