Exmandos policiacos relacionados con el robo de combustible, que fueron puestos a disposición de las autoridades, tendrán que enfrentar su proceso judicial y ser juzgados, ya que el amparo que interpusieron sus defensores fue rechazado por el Poder Judicial Federal.
Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano tendrán que hacer frente a la resolución que tomó la jueza de control, Gabriela Rodríguez Escobar, al aceptar pruebas obtenidas de manera ilícita por el Ministerio Público Federal.
El representante legal, José Luis Montaño de la Rosa, explicó que en la etapa de investigación la autoridad ministerial cometió errores que les causaron un “daño irreparable procesalmente”, por lo que pretendían utilizar el amparo para defenderse de ello en la audiencia de juicio oral.
Sin embargo, al negárselos, promovieron un recurso de queja ante un tribunal federal, en el que solicitaron que el documento fuera admitido a trámite, toda vez que el juez de amparo pasó por alto el hecho de que ya no podrán defenderse contra las violaciones procedimentales del Ministerio Público.
En los siguientes días, el recurso de queja será resuelto y, en caso de que el amparo sea admitido por el juez federal, el juicio oral se suspendería y se llevaría a cabo en unos tres meses aproximadamente.
Además, es preciso mencionar que aún no ha sido designado el juez que desahogará la audiencia del juicio oral, pues al que le entregaron las resoluciones de la audiencia intermedia, las rechazó al justificar que ya había conocido varias etapas del proceso (lo cual no está permitido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal).
