Berenice Martínez
La zona metropolitana de Puebla aglutina tres centros penitenciarios ubicados en los municipios de Puebla, Huejotzingo y San Pedro Cholula, los cuales presentan un aumento desmedido de población, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciarios realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel cobija actualmente al 45 por ciento de la población interna del estado, tiene capacidad para 2 mil 206 personas, sin embargo desde febrero del año 2015 la población ascendió a 4 mil 234 reos, lo que representó un crecimiento poblacional del 27%, alcanzado casi el doble de su capacidad.
Para el caso de Huejotzingo, la prisión tiene espacio para 148 internos y hasta hace unos meses el hacinamiento era de 139.86 %, no obstante su población disminuyó de 440 a 330 reos, según se reportó hace unos días. Por tal razón el penal será reubicado con la participación monetaria de los ocho municipios pertenecientes al distrito judicial, cuyo costo asciende a 80 millones de pesos.
Mientras que la capacidad del penal de San Pedro Cholula es para 147 personas, aloja actualmente a 663, lo que representa una sobrepoblación del 338.8 %, equivalente a 489 reos. Debido a que cuenta con 38 celdas donde conviven 18 internos, la comuna solicitó al Congreso del Estado un crédito por 50 millones de pesos para construir un nuevo centro en la comunidad de San Francisco Coapa.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales realizado en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere lo siguiente: la población en los centros penitenciarios estatales por delitos del fuero común, ingresaron 172 mil 799 personas, 161 mil 383 egresos y un total de 186 mil 574 reclusos al cierre del año.
Ante la necesidad de verificar que se respeten y garanticen los derechos humanos a las personas privadas de su libertad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) realizó durante 2015, la supervisión de los 23 ceresos en el estado, distritales, regionales, estatales y al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, con el objetivo de realizar el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) para el que emitió la siguiente observación:
“Como ejemplo de lo anterior, en los Centros de Reinserción Social de San Pedro Cholula se encuentran con deficiencias comunes, principalmente en el mantenimiento y el espacio de las áreas destinadas al descanso, alimentación, trabajo y esparcimiento de los internos, los cuales carecen de higiene, iluminación, mobiliario e instrumentos suficientes para el buen funcionamiento de cada una de estas áreas.
Aunado a lo anterior también se destaca, la falta de personal en las áreas de atención integral (médica, psicológica, psiquiátrica y social) en las cuales no se cuenta con el personal suficiente y con presencia constante para que dicha atención sea oportuna e inmediata”, se lee en el documento disponible en la página de la CDH.
Aunque no hay información específica sobre México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que las políticas penitenciarias y carcelarias, que determinan la respuesta de los Estados Miembros de la OEA y de sus instituciones penitenciarias correspondientes, están enfocadas en la prevención, el cumplimiento de la ley, la rehabilitación y reinserción social, como elementos principales para apoyar la modernización de los sistemas penitenciarios y carcelarios en las Américas.
