La Secretaría de Finanzas de Veracruz negó en un comunicado que el gobierno estatal incluyera a cuatro empresas fantasma en un listado de compañías a las que la administración de Javier Duarte debe dinero, y a las que pretende pagar con recursos de impuestos públicos, sin embargo documentos oficiales muestran que sí las consideró.
Los documentos, en poder de Animal Político, revelan que cuatro compañías fantasma, bajo investigación del SAT, sí están en un anexo que la Secretaría de Finanzas envió al Congreso Veracruzano, con la idea de que los legisladores aprobaran un fideicomiso y la administración de Duarte pagara más de 12 mil millones de pesos con el impuesto de la nómina de gobierno.
A las cuatro empresas fantasma, presuntamente se le adeudan 8 millones de pesos. Otras de las deudas son con Telmex, Soriana, CFE y Cruz Roja Mexicana, entre otras.
Las empresas fantasma incluidas en la lista de adeudos del gobierno de Veracruz son: Importadora Denyk SA de CV; AD911 SA de CV; Bienart SA de CV y Bloques 2DM SA de CV.
Esos nombres aparecen en un reportaje publicado por Animal Político, donde se reveló que el gobierno de Veracruz había desaparecido 645 millones de pesos a través de la entrega del dinero a una red de empresas. Estas existían legalmente, en documentos, pero eran inexistentes (fantasma) en sus domicilios físicos, cuyos socios eran personas de bajos recursos.
Estas cuatro empresas, así como todas las señaladas en el reportaje, aparecen en la cartera correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, dependencia que asignó contratos a esas compañías mediante licitaciones simplificadas, sin que existiera una competencia abierta.
Tras la publicación del reportaje, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que estas empresas habían sido incluidas en una “lista negra”, publicada en su página web y actualizada al 15 de julio. En ella aparecen compañías con operaciones presuntamente inexistentes, por lo que sus registros fiscales han sido congelados para que no puedan emitir facturas.
Según el listado de la Secretaría de Finanzas entregado al Congreso, para la aprobación del fideicomiso, a esas cuatro empresas se les adeuda poco más de ocho millones de pesos.
Animal Político solicitó al gobierno de Veracruz una explicación de la razón por la cual estas empresas sí aparecen en el listado original enviado al Congreso, a pesar de que en un comunicado informaron que no era cierto.
Hasta el cierre de esta publicación no se había recibido una respuesta oficial.
Este lunes funcionarios del Estado sostendrán una reunión con los legisladores veracruzanos – entre éstos los que se oponen a aprobar el fideicomiso – donde se analizará una segunda lista de acreedores en la que supuestamente se corregirán los “errores” de la primera.
¿Qué se les debe a las empresas fantasma?
Según la lista de adeudos del gobierno de Duarte, la Importadora Denylk tiene pasivos en tres contratos que le dio Sedesol-Veracruz, todos ellos por suministro de lotes de materiales para viviendas endebles. Uno de los adeudos, con clave 69394, es por cuatro millones 248 mil 109 pesos. Los otros dos son por 696 mil 665 pesos (clave 69396) y por 449 mil 994 pesos (clave 69389).
En la segunda parte del reportaje “empresas fantasma de Veracruz”, Animal Político publicó que Importadora Denylk obtuvo por lo menos tres contratos por un monto total de 18 millones de pesos, que la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz le dio vía licitación cerrada, una fórmula donde la propia dependencia invita directamente a las empresas que quieren que participe.
Aunque los 18 millones rebasan el tope permitido por la ley para una licitación cerrada, la dependencia fraccionó en tres los contratos para poder entregarlos de esta manera.
Uno de los dueños de Importadora Denylk es Román Ulises Alvarado, un joven taxista que vive en una zona marginal del puerto de Veracruz, y cuya mamá y tía también son socias de empresas que no existen en sus domicilios. Todos negaron que fueran dueños de alguna empresa, o que hubieran dado su consentimiento para dar de alta las compañías con sus datos.
Bloques 2DM, según el listado de adeudas enviado por el gobierno al Congreso, es beneficiaria de un pasivo de un millón 790 mil 226 pesos por un contrato que le entregó Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, para la entrega de lotes de materiales para la construcción.
Dicha empresa fue creada en mayo de 2013 y apenas seis meses después la Sedesol le adjudicó siete contratos por más de 38 millones. Todos los contratos se le dieron en un lapso de 48 horas y con los montos fraccionados para evitar el mecanismo de licitación abierta.
La sede de esta compañía es en realidad un terreno baldío que tiene una puerta ya inservible, junto con varios cuartos de vecindad. Se trata de una compañía registrada con el mismo correo electrónico de esta red de empresas falsas.
En el caso de Bienart, de acuerdo con el pasivo de proveedores, se le adeudan 947 mil 821 pesos por un contrato que también se desprende del programa de suministro de materiales para viviendas.
Animal Político publicó que a esta compañía, constituida en 2012, se le adjudicaron en 2013 casi 20 millones de pesos en contratos. En la dirección en donde debería estar la empresa en Xalapa, hay en realidad una panadería y un consultorio médico.
A la empresa AD911 aún hay que pagarle, de acuerdo con la lista enviada por Veracruz al Congreso, casi 630 mil pesos por un contrato del programa de suministro de lotes de materiales.
De manera similar a la de otros casos, esta empresa fue constituida en mayo de 2013 y menos de seis meses después Sedesol-Veracruz le concedió múltiples contratos que superaron los 26 millones de pesos.
Ni la Cruz Roja se salva
El gobierno de Javier Duarte, según la lista de adeudos enviada al Congreso, le debe a más de 300 empresas y organismos distintos.
En el listado aparece por ejemplo la Cruz Roja Mexicana, que según el folio 577681 de la Secretaría de Finanzas, está pendiente de recibir un pago de más de 260 mil pesos por concepto de subsidio de la campaña Colecta 2015.
A Teléfonos de México (Telmex) tan solo la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz le debe más de seis millones de pesos de cinco contratos distintos. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la oficina de la Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador y la Secretaría del Medio Ambiente le deben casi 400 mil pesos de luz.
El gobierno de Duarte debe incluso la cuota de seguro social de los trabajadores de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, el cual retuvo pero no pagó. Este adeudo supera los 454 millones de pesos.
¿Dónde está el dinero?
El diputado local del PAN, Julem Rementería, dijo que la inclusión de estas empresas investigadas por el SAT en el listado de pasivos del gobierno de Veracruz viene a generar más dudas sobre el mecanismo que se pretende crear a través de un fideicomiso, que se alimentará con las retenciones del 3% a la nómina de los trabajadores, para pagar las deudas que deja la administración de Javier Duarte.
Aunque el gobierno estatal prometió a los legisladores enviar una nueva lista corregida de los pasivos del gobierno, Rementería dijo que las dudas persisten, ya que de entrada todos los contratos tenían partidas asignadas, y si el dinero no está es porque fue “desviado por los funcionarios”.
De acuerdo con el diputado, los pasivos que en total reporta el gobierno alcanzan los 12 mil millones de pesos, pues además incluyen pagos a “terceros institucionales” que superan los mil cien millones de pesos y que, por ejemplo, son descuentos que hicieron a los trabajadores por el pago de seguro social, pero que en realidad no se pagó.
El Órgano Fiscalizador del Estado, agregó el legislador, también debe dar cuentas de por qué nunca reportó ni denunció el subejercicio o la falta de pago a proveedores del gobierno, ni de la desaparición de miles de millones de pesos que ahora se buscan recuperar comprometiendo impuestos de varios años.
El diputado dijo que este lunes sostendrán una reunión con representantes de la Secretaría de Finanzas del Estado, en donde se plantearán múltiples dudas sobre este mecanismo que, a su juicio, dejará endeudadas a por lo menos las próximas dos administraciones estatales.
