De enero a marzo de este año, la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) emitió nueve recomendaciones a siete municipios en el estado, por violaciones a las garantías individuales y abuso de autoridad donde se involucra a elementos de seguridad y funcionarios públicos.
Conforme al reporte de la dependencia, los ayuntamientos de Tehuacán, Zacapoaxtla, Tulcingo del Valle, Huejotzingo, Cuautlancingo, Huauchinango y San Miguel Xoxtla, recibieron llamadas de atención relacionadas con acciones violatorias de policías municipales, regidores y funcionarios en el cargo.
En el periodo referido, Tehuacán recibió tres recomendaciones por casos en los que elementos de la Policía Auxiliar y Municipal vulneraron la seguridad jurídica, personal, legal y la libertad de los habitantes, uno de los casos fue en contra de un menor de edad.
En un primer expediente que integró la dependencia destacan acusaciones contra el juez calificador de ese municipio por negativa de información, y una más contra el regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc y elementos de la Policía Auxiliar municipal de la misma población, por agresiones y negativas de información.
En marzo pasado, el organismo integró el expediente 11883/2011-I contra elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacapoaxtla por violación a los derechos humanos y jurídicos de uno de los habitantes.
En Tulcingo del Valle, uniformados de esa localidad golpearon a un menor de edad tras señalarlo como probable responsable del delito de robo, según consta en el oficio 11932/2011-C.
Vecinos de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo interpusieron una queja en contra de policías auxiliares de esa localidad por golpes y maltrato a una familia que fue señalada por dar muerte a un bebé, y después se corroboró que el menor falleció por broncoaspiración.
Mientras que en Huachinango y San Miguel Xoxtla se emitieron recomendaciones por abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad pública de ambas localidades.
Las recomendaciones que se observaron en los tres primeros meses del año, refieren una cifra menor a las que se reportó en 2011, cuando 13 municipios recibieron llamados por privación de la libertad personal, incumplimiento de un deber, maltrato, lesiones, golpes y negativas al derecho de petición.
