La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa, no ha sido cancelada y que su construcción continúa, luego de la protesta que Greenpeace realizó este lunes en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que el proyecto sea detenido.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Gobierno federal mantiene un proceso de consultas y asambleas con las comunidades de la zona, en el que participan distintas dependencias para conocer las inconformidades y demandas relacionadas con la obra.
“La planta sigue, no se ha cancelado, pero hay consulta a todas las comunidades por todos los planteamientos que tienen”, afirmó Sheinbaum.
Tres meses de consultas con las comunidades
La presidenta detalló que el proceso de diálogo lleva alrededor de tres meses y que participan instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de otras áreas del Gobierno federal.
El objetivo, explicó, es conocer directamente las preocupaciones de los habitantes y revisar los compromisos adquiridos por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio Proman.
“Una parte importante tiene que ver con compromisos que hizo la empresa que no se han cumplido”, señaló Sheinbaum, quien agregó que el Gobierno trabaja para que esos acuerdos sean atendidos.
Otro de los puntos bajo revisión es la situación ambiental de la zona, particularmente la contaminación que ya existe en la laguna de Ohuira y las medidas necesarias para evitar que el proyecto genere nuevos impactos.
La presidenta sostuvo que todavía no se tomará una decisión definitiva mientras no concluya este proceso.
“Hasta que se termine esto, pues no se toma una decisión”, declaró, y añadió que el Gobierno busca privilegiar el diálogo con las comunidades: “nada a la fuerza, sino siempre todo por la razón”.
Greenpeace exige cancelar el proyecto
La respuesta de Sheinbaum ocurrió el mismo día en que Greenpeace México protestó en el Zócalo capitalino para exigir la cancelación de la planta.
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De acuerdo con la organización ambientalista, alrededor de 20 activistas participaron en la protesta y dos de ellos escalaron el asta bandera para colocar un mensaje dirigido a la presidenta: “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”. También participaron integrantes del colectivo ¡Aquí No!, que mantienen su oposición al proyecto.
Greenpeace sostiene que la planta representa riesgos para la Bahía de Ohuira, la biodiversidad y las comunidades que dependen de la pesca, y ha llamado a detener la construcción.
La organización señala que el proyecto de GPO contempla una capacidad de producción de hasta 800 mil toneladas de amoniaco al año, equivalentes a unas 2 mil 200 toneladas diarias.
Un conflicto que lleva más de una década
El proyecto no es nuevo. La controversia alrededor de la planta de amoniaco en Topolobampo se remonta a más de una década y ha involucrado a autoridades, la empresa, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas y pesqueras.
Greenpeace sostiene que el proyecto obtuvo una aprobación ambiental en 2014 y que posteriormente enfrentó distintos procesos legales y cuestionamientos relacionados con la consulta a las comunidades.
El proceso de diálogo volvió a tomar fuerza durante 2026. En julio, el Gobierno de Sinaloa informó que se organizaron cinco mesas de diálogo para escuchar las demandas y consideraciones de los habitantes respecto de la construcción de la planta.
Foto: ObturadorMX
En esas reuniones participaron autoridades, representantes de GPO, productores agrícolas y colectivos, con discusiones sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales del proyecto.
El Gobierno defiende los beneficios para el campo
Mientras ambientalistas y comunidades cuestionan el proyecto, autoridades y representantes del sector agrícola han defendido la importancia de producir amoniaco en Sinaloa.
El Gobierno estatal ha señalado que el amoniaco es un insumo fundamental para la fabricación de fertilizantes y que la planta podría contribuir a reducir la dependencia de importaciones y dar mayor certidumbre al suministro para los productores agrícolas.
En junio, representantes del sector agropecuario manifestaron su respaldo al proyecto, aunque también plantearon que los beneficios económicos deben acompañarse de compromisos de justicia social para las comunidades de la región.
En materia ambiental, autoridades han planteado mecanismos de vigilancia. Entre ellos se encuentra un programa para monitorear mensualmente la calidad del agua y las especies capturadas en la Bahía de Ohuira, además de comités de vigilancia ambiental con participación de habitantes locales.
El futuro de la planta aún está bajo revisión
La postura expresada este lunes deja dos puntos claros: la construcción de la planta continúa y no existe una orden de cancelación, pero el Gobierno federal mantiene abierto el proceso de consulta con las comunidades.
Mientras Greenpeace y colectivos locales mantienen su exigencia de detener el proyecto, las autoridades buscan revisar los compromisos de GPO, las inquietudes de los habitantes y las condiciones ambientales antes de definir el rumbo de la obra.
Por ahora, Topolobampo permanece en medio de una disputa entre el impulso industrial y agrícola que defienden autoridades y productores, y las preocupaciones ambientales y comunitarias que sostienen los opositores al proyecto.
