El fondo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de los candados impuestos a los candidatos independientes en Puebla, no es el porcentaje sino lo “ilógico e imposibles” que resultan el resto de los requisitos, afirmó el presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores del PRI, Ramiro Ramos Salinas.
En entrevista previa a su participación en la Conferencia Permanente de Congresos Locales de México (Copecol), expresó que las leyes secundarias de la reforma político-electoral aprobadas en la entidad “salen de toda realidad” y perjudican a los ciudadanos que buscan competir en un proceso electoral, sin la necesidad de un partido.
Precisó que el periodo establecido de 20 días para conseguir el 3 por ciento de firmas del padrón electoral y presentar físicamente a quienes apoyan una candidatura independiente, rebasan toda “lógica política y democrática” para promover la participación ciudadana.
“No es tanto el problema del porcentaje, creo que el problema es cuando les decimos ‘hágalo en una semana’, o pues ‘tú, militaste en un partido ya no puedes ser candidato independiente’. Esos son los candados que les duelen a los ciudadanos, el porcentaje no es un problema. Es ilógico e imposible porque es una norma que sale de toda realidad, lógica política y democrática de participación ciudadana, por eso mismo se ha controversiado esta iniciativa”, declaró.
Expresó que en otros estados de la República se fijaron porcentajes que oscilan entre el 2 y el 3 por ciento de firmas para alcanzar una postulación por la vía independiente, pero con un periodo mucho más amplio para que los aspirantes puedan cumplir con este requisito.
Enfatizó que los partidos políticos no pueden ni deben cerrarle la puerta a los ciudadanos para que puedan contender por un cargo de elección popular, por lo que confió que el recurso presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje sin efectos los obstáculos aprobados por el Congreso de Puebla.
Por último, esperó que en el Senado de la República transiten las propuestas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) para flexibilizar los requisitos para que cualquier mexicano pueda competir por un cargo de elección popular.
