Con el propósito de fortalecer la formación integral de las y los estudiantes, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar los artículos 13, 63 y 69 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
La iniciativa plantea incorporar expresamente la cultura de la legalidad, la ética pública, el combate a la corrupción, la denuncia ciudadana y el cuidado del patrimonio público como componentes de la formación integral de las y los educandos, sin generar impacto presupuestal y en armonía con el marco constitucional y legal vigente.
Entre las modificaciones propuestas al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Puebla se establece que la educación impartida en la entidad tendrá entre sus fines fomentar la honestidad, el civismo, la cultura de la legalidad, la ética pública y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del Estado de Puebla, promoviendo el combate a la corrupción y el cuidado del patrimonio público.
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Asimismo, la reforma al artículo 63 considera que la orientación integral en la formación incluya los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base en una educación cívica; además del fomento de la cultura de la legalidad, la ética pública, el combate a la corrupción, el ejercicio de la denuncia ciudadana y el cuidado del patrimonio público.
La propuesta legislativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez y el diputado Elías Lozada, también contempla modificaciones al artículo 69 para que el contenido de los planes y programas de estudio considere el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, la cultura de la legalidad, la ética pública y el combate a la corrupción.
Así como el conocimiento de las y los educandos sobre su derecho de acceso a la información pública gubernamental, la importancia de la denuncia ciudadana, el cuidado del patrimonio público y las mejores prácticas para ejercerlo.
