La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y afirmó que se trata de una investigación por presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustible, luego de que integrantes del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) calificaran el caso como una supuesta “venganza política”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las críticas de los exjefes de Estado parten de una interpretación equivocada del caso y pidió revisar la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó Sheinbaum al defender la actuación de la Fiscalía y señalar que el proceso judicial se sustenta en una investigación sobre una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La presidenta añadió que, conforme al principio de presunción de inocencia, será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad del exmandatario estatal, pero enfatizó que la orden de aprehensión y la vinculación a proceso fueron autorizadas por un juez con base en los elementos presentados por el Ministerio Público.
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Grupo IDEA denuncia una presunta “venganza política”
La postura del Gobierno federal surgió después de que el Grupo IDEA, integrado por más de una veintena de expresidentes iberoamericanos, entre ellos Vicente Fox, Felipe Calderón, José María Aznar y Álvaro Uribe, difundiera un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por el proceso penal contra Ruffo Appel.
En el documento, los exmandatarios sostuvieron que el caso representa una “venganza política” y advirtieron sobre un supuesto deterioro del Estado de derecho en México, además de cuestionar las condiciones en que se desarrolla el proceso judicial.
La investigación de la FGR
La FGR negó previamente que exista persecución política y aseguró que la investigación se originó a partir del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, lo que permitió detectar una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril.
Según la Fiscalía, Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos como delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos. La dependencia sostiene que la organización presuntamente importaba combustible declarando únicamente una fracción del volumen real para evadir impuestos y controles aduaneros.
Antes de su detención, Ruffo Appel rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades para esclarecer los hechos. Diversos dirigentes de oposición también han cuestionado el proceso y consideran que existen motivaciones políticas detrás de la investigación.
Un caso con repercusiones políticas
El caso ha reavivado el debate entre el Gobierno federal y la oposición sobre la autonomía de las instituciones de procuración de justicia. Mientras la administración de Sheinbaum sostiene que la investigación responde exclusivamente a presuntos delitos de carácter penal, integrantes de la oposición y del Grupo IDEA insisten en que el proceso debe observarse con especial atención por sus implicaciones políticas.
La investigación continúa en curso y las autoridades han señalado que podrían surgir nuevas diligencias conforme avance el proceso judicial, mientras la FGR mantiene abiertas las indagatorias relacionadas con la presunta red de contrabando de combustibles.
