La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y sostuvo que su posible participación en una red de contrabando de hidrocarburos fue detectada como resultado de una investigación ministerial.
La dependencia informó que la indagatoria comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial. A partir de este hecho se realizaron inspecciones, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de las unidades.
Investigación por contrabando de hidrocarburos se amplió
De acuerdo con la FGR, las investigaciones posteriormente se extendieron a operaciones relacionadas con ferrotanques ubicados en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Según la Fiscalía, las unidades presentaban características de importación irregular, pues se habría declarado únicamente 10 por ciento del combustible que realmente contenían.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a Ingemar S.A. de C.V. como la principal empresa importadora vinculada con la investigación.
La FGR señaló que Ernesto Ruffo Appel comenzó a participar en la estructura societaria de Ingemar en octubre de 2018 y que para 2021 ya figuraba como accionista y había sido designado secretario del Consejo de Administración. Según la dependencia, desde esa posición participó junto con José “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
FGR reporta 96 datos de prueba en el caso
La Fiscalía informó que hasta el momento se han integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos.
La dependencia indicó que estos elementos buscan determinar la naturaleza de los hidrocarburos asegurados, la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes transportados, además de documentar los hallazgos y analizar los indicios localizados.
La FGR también señaló que, aunque hasta ahora se ha imputado un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos derivado de 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT permitió identificar más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año.
Según la Fiscalía, estas operaciones podrían representar más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, monto que, precisó, deberá ser acreditado durante la investigación complementaria.
La dependencia reiteró que el proceso se desarrolla bajo el marco legal vigente y que se respetan el debido proceso, los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas imputadas.
