Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno federal polemizaron ayer sobre la situación en México en esa materia.
La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, concluyó en un informe preliminar que México padece “una grave crisis de derechos humanos”.
El organismo internacional consideró que las violaciones a los derechos fundamentales son especialmente graves en las personas en situación de pobreza, migrantes, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas
y en la comunidad gay.
En referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana consideró que la tragedia es un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México.
En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, dijo que el gobierno de México coincide con la CIDH en la existencia de retos en materia de derechos humanos.
Sin embargo, “no compartimos que un informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país.
Confiamos en que el informe definitivo que se presente será un informe objetivo que refleje a plenitud la situación de nuestro país”, expuso.
El funcionario federal agregó que el informe de la CIDH no destaca los avances que existen para mejorar en la materia.
CIDH CRITICA IMPUNIDAD
Después de la visita in loco de cinco días a México por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), la presidenta de este organismo, Rose-Marie Belle Antoine, concluyó que México vive una grave crisis de derechos humanos y aseguró que “la magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante”.
Entre las observaciones preliminares que la CIDH hizo durante su visita con una delegación de veinte integrantes en el país, del 28 de septiembre al 2 de octubre, y que este viernes presentó ante medios de comunicación, están las constantes críticas ante la falta de justicia en México.
La CIDH constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia; graves violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, esta fue la única cita que Belle Antoine pronunció en un esforzado español para resaltar la conclusión más importante de la visita in loco, porque la mayor parte de su intervención se desarrolló en idioma inglés.
La Comisión Interamericana también aseguró que las violaciones a los derechos fundamentales son especialmente graves y desproporcionadas en las personas en situación de pobreza, migrantes, refugiados, desplazados internos, mujeres, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidad gay.
Los problemas descritos por este organismo, según la propia Belle Antoine, son sólo el resultado de una situación que padece México desde hace décadas, donde desde la masacre de los estudiantes del 2 de octubre hasta la fecha, continúa la impunidad, un número final no registrado de víctimas y mucho menos una identificación individual.
En referencia a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión agregó que esta tragedia se ha convertido en un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México.
Asimismo, la CIDH aceptó respaldar por completo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las investigaciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y por lo mismo ha urgido a la Procuraduría General de la República “a adoptar cuanto antes” las medidas solicitadas por los expertos, como permitirles entrevistar a todos los testigos de la noche del 26 y 27 de septiembre, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
Así como “pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; designar, en consulta con el GIEI, a un nuevo fiscal especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo que investigan en el caso; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento”.
Excélsior publicó ayer que el gobierno mexicano pagaría una cantidad aproximada de 2 millones de dólares para absorber los gastos generados por el GIEI en su investigación de Ayotzinapa y que, en los próximos meses, sus esfuerzos se centrarían en el basurero de Cocula.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles.
Tomar medidas para que en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los resultados de una investigación .
Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.
Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.
SEGOB DESESTIMA OBSERVACIONES
Reporte se limita a zonas donde hay retos; Comisión omite avances, afirma Campa
El Estado mexicano esperará a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregue el próximo año el informe oficial de dicho organismo sobre la situación de los derechos humanos en el país y rechazó que el informe parcial dado a conocer este viernes refleje la realidad que vive el país.
En conferencia de medios, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), enfatizó que el gobierno de la República coincide con la CIDH en que existen retos en materia de derechos humanos que requieren de respuestas de largo alcance.
Nosotros confiamos en que el informe definitivo que se presente será un informe objetivo que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos; creemos que este informe preliminar es un informe que no refleja la situación del país, que se circunscribe a zonas, a regiones, en donde sabemos que tenemos enormes retos”, señaló Campa Cifrián.
Igualmente, aseguró que el informe preliminar dado a conocer por la CIDH no destaca los avances que existen para mejorar y revertir las situaciones negativas y mucho menos la información que le ha compartido el gobierno federal.
Reiteramos, no somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta, sin embargo no compartimos que un informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación general del país”, enfatizó el funcionario federal.
Campa Cifrián explicó que existen cifras y estadísticas que reflejan que en el país los índices de violencia van a la baja.
Hay una vinculación, hay una concatenación entre niveles de violencia y violación de derechos humanos.
Nos parece que es claramente sintomático, que la mayoría de las organizaciones de la sociedad que tuvieron en estos días contacto, relación con la Comisión, son organizaciones que vienen de muchos años atrás”, añadió Campa.
Las organizaciones que se reunieron con los integrantes de la Comisión Interamericana, aquí en la ciudad de México en estos días, a partir del lunes, y que refirieron asuntos principalmente de desaparición forzada, “son organizaciones relativas a casos de 2008, 2009, 2010 y 2011”, subrayó.
Y reiteró que el caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria.
Nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país, y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada en el país”, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, quien refrendó el compromiso con el Sistema Interamericano y la apertura del Estado mexicano para seguir trabajando de manera coordinada y fortalecer las instituciones del país.
Ustedes conocen los lugares que se visitaron, particularmente en los casos a los que hace referencia el informe, y seguramente coinciden con nosotros de que se trata de particularmente, en el caso de Guerrero, las regiones donde tenemos los principales retos como país.
Creemos que a todas luces el caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria. Nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país, y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada en el país”, abundó Campa Cifrián.
La situación que vivimos en Ayotzinapa, es una situación absolutamente extraordinaria, reiteró.
