Ciudad de México. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace un año en Iguala, indicó que pedirán al Presidente Enrique Peña Nieto la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) para este caso.
“Los padres ya no pueden confiar en las mismas instancias que llevaron la investigación, mira vamos a pedir una unidad especial de investigación, va a quedar dentro de PGR y que tenga dos partes”, dijo.
Rosales aclaró que no buscan una fiscalía. Además, dijo que la unidad deberá contar con dos partes: una que pueda hacerse cargo con la búsqueda y toda la investigación relacionado con este proceso y, la segunda, para indagar las cuestiones internas; “irregularidades que se han cometido durante la investigación”.
En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, Rosales dijo que esta petición obedece a la desconfianza para con las instancias que llevaron la investigación, la SEIDO y la Agencia de Investigación Criminal.
Ayer miércoles, los padres de los normalistas iniciaron un ayuno de 43 horas, afuera de la Catedral Metropolitana. Este jueves los padres se reunirán con Enrique Peña Nieto.
Necesario, encuentro Peña con padres de normalistas: especialistas
Para los investigadores José Antonio Crespo y Leonardo Curzio la reunión que sostendrá hoy el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada durante los hechos violentos de Iguala el 26 de septiembre de 2014 es necesaria e inevitable.
A su vez, la activista pro derechos de las víctimas, María Elena Morera, advierte que esta reunión a realizarse en el MUTEC será una oportunidad para lograr un vínculo de confianza entre los padres de los normalistas y el gobierno federal.
El politólogo José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que este encuentro es necesario, que los padres exigirán la aparición con vida de los 43 estudiantes y el mandatario continuará la investigación o que habrá un nuevo peritaje.
“Sería políticamente peor que el Presidente se negara, luego de que se reavivara al cumplir se un año y con el informe de la Comisión Interamerciana, sería políticamente peor que se negará a hablar con los padres, está obligado de alguna manera a recibirlos, pero ni creo que de ahí salga nada nuevo o algún punto de conciliación”, comentó.
Leonardo Curzio, analista e investigador del Centro de investigaciones para América del Norte de la UNAM, afirmó que la reunión entre el presidente Peña y los padres es inevitable, “es algo que tiene que atender personalmente”, pues el caso no está resuelto y hay una sería duda sobre la solvencia de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
“El gobierno reacciona apropiadamente, los padres de estas víctimas, como de cualquier otra, merecen una explicación por parte del Estado sobre cómo va la investigación y los avances”, dijo.
Subrayó que un segundo elemento del encuentro es que los padres y sus asesores políticos han definido una línea de confrontación directa con el gobierno por lo que no servirá el encuentro para acercar posturas.
Consideró que un tercer elemento en torno a este encuentro es que el gobierno se encuentra enredado en este tema, evidenciando un buen operador de diálogo en el Congreso pero muy malo para gestionar una crisis social de este tamaño.
La activista pro derechos de las víctimas, María Elena Morera, señaló a su vez que la reunión es de suma importancia porque el Presidente Peña necesita escuchar a los padres y estos a su vez al gobierno.
Indicó que los padres necesitan saber realmente qué pasó con sus hijos para cerrar un círculo de dolor y que haya justicia y que tengan una esperanza de un mejor futuro para sus familias.
“Espero que puedan llegar a acuerdos, que la gente de la PGR defienda sus investigaciones si están bien hechas y que los padres den su punto de vista. Ojalá se pueda dialogar y generar una relación de confianza, aunque está muy complicado”, concluyó.
