El Archivo General de la Nación, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE) A.C. y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología organizaron el Seminario “México pierde información: Hacia una Política de Gestión Documental”, evento en el cuál se contó con la participación del Auditor Superior del Estado.
La inauguración del seminario estuvo a cargo del director general del CIDE, Sergio López Ayllón; quien estuvo acompañado de la directora general del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega; del coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino; de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Acuña y Joel Salas; del secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, Benjamín Fuentes Castro; de la directora de la Red Por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales; del Auditor Superior del Estado de Puebla, David Villanueva Lomelí; así como titulares de unidad de la Secretaría de la Función Pública, entre otras personalidades.
Al hacer uso de la palabra en la mesa de discusión titulada: ¿Qué debe hacer el Estado mexicano para no perder información?, David Villanueva Lomelí resaltó que la gestión de la información gubernamental en un estado democrático se convierte en una condición necesaria y a la vez, indispensable para poder realizar la fiscalización superior efectiva e impulsar la rendición de cuentas.
El Auditor Superior del Estado de Puebla destacó que uno de los conceptos que dan origen a este relevante foro de discusión es, la información generada en el ejercicio de actos de autoridad y recursos públicos es, en principio, un bien público.
Finalmente señaló que desde la perspectiva fiscalizadora se advierten 6 retos para evitar la pérdida de información, los cuales son:
1. Articular de forma integral las políticas públicas y la vinculación entre Sistemas (Anticorrupción-SNF, Transparencia y Acceso a la Información) con el correspondiente de archivo.
2. Generar un marco normativo único a nivel nacional que regule las funciones, responsabilidades e inclusive sanciones; o en su defecto, promover la homologación legislativa.
3. Adoptar buenas prácticas en materia de gestión documental y asegurar su operación en los diferentes órdenes de gobierno.
4. Implementar un modelo estandarizado y de aplicación general, en el entendido de que los sistemas de gestión documental contienen la evidencia del quehacer gubernamental.
5. Desarrollar las capacidades profesionales de los responsables de llevar a cabo la gestión documental, e
6. Incrementar y socializar el valor de la información, así como de los archivos, de forma que pueda reflejarse en los presupuestos y estructuras de los entes públicos.
Como parte de las conclusiones del seminario, por parte del Dr. Mauricio Merino, investigador del CIDE y Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, se estableció la necesidad de cambiar la cultura organizacional en la materia, así como incrementar la coordinación entre los sistemas de transparencia y anticorrupción.
Cabe destacar que el objetivo principal del evento fue convocar a servidores públicos y especialistas en archivística, administración pública, rendición de cuentas, tecnologías de la información, derecho de acceso a la información, así como a la sociedad civil a iniciar un diálogo para responder a los mandatos de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia.
