La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) inició tres quejas relacionadas con la detención de una mujer ocurrida el pasado 11 de junio en el municipio de San Andrés Cholula, luego de que el caso generara una fuerte reacción en redes sociales por la presunta vulneración de derechos humanos de la ciudadana y de sus dos hijos menores de edad.
A través de un posicionamiento oficial, el organismo autónomo informó que las investigaciones derivan de los hechos registrados durante una intervención realizada por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula.
La actuación policial cobró notoriedad después de que se difundiera un video en el que se observa a una mujer inmovilizada en el suelo por una elemento de la Policía Montada, mientras sus hijos –un niño y una adolescente– presencian la escena visiblemente afectados.
CDH abre tres líneas de investigación
La Comisión detalló que las quejas iniciadas se enfocan en tres aspectos considerados de especial relevancia.
El primero corresponde al probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la intervención policial, lo que podría contravenir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los protocolos aplicables.
La segunda línea de investigación se relaciona con la posible inobservancia del interés superior de la niñez, derivada de la actuación de las autoridades municipales frente a la presencia de los menores de edad y la presunta vulneración de su intimidad.
Finalmente, la tercera vertiente analiza la presunta difusión indebida de imágenes, videograbaciones y datos personales de la mujer asegurada, situación que podría afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen.
En su posicionamiento, la CDH Puebla recordó que toda actuación de las instituciones de seguridad pública debe apegarse a los principios de legalidad, responsabilidad, objetividad, eficiencia y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Asimismo, subrayó que las autoridades tienen una obligación reforzada de proteger a niñas, niños y adolescentes.
“En cualquier decisión y actuación del Estado se velará por el cumplimiento del principio del interés superior de las infancias. Garantizar de manera plena sus derechos constituye una obligación reforzada para todas las instituciones públicas”, señaló el organismo.
La versión del Ayuntamiento
Tras la difusión del video, la SSPPC de San Andrés Cholula emitió un comunicado para explicar las circunstancias de la intervención.
De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos ocurrieron en el parque Intermunicipal, ubicado en la zona de la 5 Norte y la calle 14 Poniente, cuando una conductora ingresó con una camioneta a un área restringida.
Según la versión oficial, los elementos municipales le marcaron el alto para indicarle que circulaba en una zona prohibida; sin embargo, la mujer presuntamente ignoró las instrucciones y emprendió la huida.
La dependencia aseguró que durante la persecución la conductora puso en riesgo a peatones y policías, además de que la unidad terminó impactándose contra unos maceteros cuando intentaba abandonar el lugar.
Posteriormente, una agente procedió a asegurar a la mujer.
La SSPPC sostuvo que la intervención se realizó mediante un “uso racional y proporcional de la fuerza”, argumentando que la conductora “se negó en reiteradas ocasiones a acatar los comandos verbales emitidos por la autoridad”.
Investigaciones continuarán con imparcialidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó que las investigaciones se desarrollarán con “absoluta imparcialidad, objetividad y rigor técnico” para determinar si existieron violaciones a derechos humanos durante la actuación de los elementos municipales.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que coloquen en el centro de su actuación la dignidad humana, el interés superior de la niñez y el respeto a los derechos fundamentales.
“Si bien es tarea del Estado garantizar la seguridad y mantener el orden público, esta función jamás puede ejecutarse de manera arbitraria”, enfatizó el organismo.
El caso continúa bajo análisis mientras la CDH Puebla recaba elementos para emitir las determinaciones correspondientes sobre la actuación policial y la posible afectación a los derechos de la mujer y de los menores involucrados.
