El Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con un fuerte impulso a los procesos de desnaturalización, mediante los cuales se busca revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que ocultaron información relevante o cometieron delitos graves durante su proceso de inmigración.
El Departamento de Justicia (DOJ) ha anunciado recientemente múltiples acciones legales contra decenas de individuos, incluyendo un lote reciente de 12 y otro de 17 casos, acusados de ocultar vínculos con terrorismo, crímenes de guerra, abuso sexual, fraude migratorio y otras violaciones graves. Según autoridades, estos casos forman parte de un plan más amplio para identificar y procesar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026.
Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía obtenida por naturalización puede ser revocada si se demuestra que fue adquirida de forma ilegal, mediante fraude, ocultamiento de hechos materiales o tergiversación deliberada. El gobierno argumenta que personas involucradas en delitos graves “nunca debieron haber sido naturalizadas como ciudadanos estadounidenses”.
“Individuos implicados en fraude, crímenes atroces como abuso sexual o apoyo al terrorismo nunca deberían haber recibido la ciudadanía”, señaló el fiscal general interino Todd Blanche en uno de los comunicados recientes.
El Departamento de Justicia ha identificado cientos de posibles casos (alrededor de 384 en reportes de abril) y ha distribuido las investigaciones entre fiscales de decenas de oficinas regionales para agilizar los procesos. Aunque la desnaturalización es un procedimiento poco común y requiere evidencia sólida y debido proceso, la administración Trump lo ha convertido en una prioridad de su agenda de seguridad nacional e inmigración.
Organizaciones de defensa de inmigrantes y expertos legales han expresado preocupación, argumentando que el aumento masivo de casos podría generar temor entre los más de 24 millones de ciudadanos naturalizados en el país y que algunos procesos podrían enfrentar desafíos judiciales.
Hasta el momento, las acciones se centran en casos con evidencias claras de fraude o delitos graves previos a la naturalización, aunque analistas advierten que la expansión podría ampliar el alcance en los próximos meses.
Se espera que el Departamento de Justicia continúe anunciando nuevos lotes de demandas de desnaturalización en las próximas semanas.
