El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico y ahora busca perseguir judicialmente a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con carteles de la droga utilizando leyes antiterroristas, de acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times.
Según el reporte, el Departamento de Justicia estadounidense instruyó a sus 93 fiscales federales regionales a incrementar las investigaciones y acusaciones contra servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.
La directriz habría sido emitida el pasado miércoles durante una conferencia telefónica interna encabezada por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto y encargado de establecer prioridades para las fiscalías federales del país.
De acuerdo con el diario estadounidense, Singh pidió “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”.
La nueva estrategia surge luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que clasifica a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que abrió la puerta a procesar no solo delitos relacionados con narcotráfico, sino también cargos por “apoyo material al terrorismo”.
La publicación señala que esta política podría tensar aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente después de las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados al Cartel de Sinaloa.
Entre los señalados en la investigación estadounidense también aparecen el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Las autoridades estadounidenses sostienen que funcionarios ligados a Rocha Moya habrían recibido sobornos y apoyo político a cambio de brindar protección a integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cartel de Sinaloa.
La investigación también menciona que el endurecimiento de la ofensiva ocurre tras operativos marítimos contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, así como después de la extradición y entrega de decenas de integrantes de carteles mexicanos a Estados Unidos.
En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha cuestionado públicamente las acusaciones contra Rocha Moya y aseguró que Washington no ha presentado pruebas contundentes.
La mandataria también ha señalado que este tipo de acciones podrían representar una afectación a la soberanía nacional.
El propio Rocha Moya rechazó los señalamientos y acusó al gobierno estadounidense de utilizar el caso con fines políticos para debilitar al partido Morena.
La tensión entre ambos países se ha incrementado en las últimas semanas luego de que Trump afirmara que México está “gobernado por los carteles” y advirtiera que, si las autoridades mexicanas no actúan, Estados Unidos lo hará.
Además, el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, advirtió recientemente ante el Senado estadounidense que los funcionarios que colaboren con organizaciones criminales “son igualmente responsables de la muerte y la destrucción” provocadas por el tráfico de drogas.
“Esto es solo el principio”, declaró el funcionario estadounidense.
