A Guadalupe Bárcenas, presidenta municipal de Acatlán de Osorio, le fascina transparentar su vida social en redes sociales –selfies en París con bolso de lujo, fotos sonriendo con marinos y políticos, instantáneas en Instagram luciendo su estética buchona– pero lo que parece evitar transparentar a toda costa son los contratos públicos de sus obras. Y es que la información oficial sobre ellas lleva 10 meses desaparecida de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La ley es clara con los presidentes municipales: reciben millones en participaciones federales y estatales para ejecutar obras y servicios, con la obligación constitucional de informar a ciudadanos sobre cada peso gastado –proveedor, monto, licitación–, no solo presumir resultados en fotos.
Desde marzo 2025 no hay rastro en la PNT (Plataforma Nacional de Transparencia, el portal federal donde todos los gobiernos deben subir sus contratos públicos) de las obras que presume en redes sociales. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 58, exige subir cada trimestre la información de los contratos de las obras o servicios contratados: proveedor, monto exacto, licitación. En la plataforma, que es de acceso público, solo aparecen 11 contratos totales: 9 de 2024 y 2 de 2025. El monto de esos contratos es de 17.8 millones de pesos. Solo para dimensionar, el presupuesto a ejercer en 2025 es superior a los 182 millones de pesos. De los cuales no parece estar interesada en rendir cuentas.
Sin saberlo –o, de plano, actuando de manera cínica– Lupe Bárcenas está violentando la ley.
La infracción que comete la presidenta municipal no es cosa menor, pero la sospecha, esa es mortal. La ocultación alimenta aún más las sospechas de corrupción que históricamente han marcado la actuación de Bárcenas al frente del municipio. Una mujer que hoy en día está marcada por el escándalo.
¿Qué esconde Lupita? ¿Por qué una presidenta que no duda en mostrarse a la primera oportunidad rehúsa mostrar contratos simples? ¿Con qué cara aparece en los “martes del pueblo”, frente a paisanos que pagan impuestos pero que desconocen a quién le entregaron su dinero? La opacidad no es error administrativo: es una decisión política que grita desconfianza.
Repudiada por sus gobernados y en la antesala de un nuevo escándalo, la funcionaria se dice perseguida y víctima de una campaña en su contra. Quizá debería tomarse un momento para entender que hoy todos saben con quién come Lupita y a dónde viaja, pero lo que nadie sabe es cómo se gastó el dinero público.
