La Quinta Columna por Mario Alberto Mejía en Puebla Online: Pifias y Lagunas (Mentales) en los Juicios Contra la Reforma Electoral Poblana
En el contexto de la polémica surgida por los recientes candados al tema de las candidaturas ciudadanas en Puebla, cuando menos seis personajes interpusieron el mismo número de juicios para la protección de sus derechos políticos, conocidos coloquialmente como JDC.
La instancia elegida fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y es aquí donde empieza el problema.
Vea el hipócrita lector:
Luis Guillermo Rosette –un brillante abogado que actualmente estudia en el ITAM la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación– me envió el viernes pasado cinco tuits reveladores, sobre todo porque su autor es un auténtico experto en la materia y ha trabajado en el mismísimo TEPJF.
En otras palabras: no es un improvisado ni un “opinador” de los que abundan en las redes sociales.
Repito: es un estudioso en el tema de los JDC o juicios para la protección de los derechos políticos.
He aquí los tuits de Memo reunidos en una sola reflexión:
“Me entere de que algunos ciudadanos poblanos, algunos conocidos, otros no tanto, promovieron juicios ciudadanos. Todos (lo hicieron) ante el TEPJF para controvertir la reciente reforma electoral poblana. Al leer tu columna lo confirmé. Jurídicamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté facultado para declarar la inconstitucionalidad de leyes electorales. Ahí está el problema. Sus demandas serán improcedentes y, seguramente, ese resultado será cuestionado y motivara la descalificación de la institución. Y todo por pretender algo que jurídicamente es imposible en los términos que lo plantean”.
Hasta aquí la reveladora reflexión de un estudioso y profesional del ámbito electoral.
Entiendo que los ciudadanos sólo pueden acudir al TEPJF cuando en la práctica hayan sentido violentados sus derechos, no antes como es el caso.
Así lo refiere ampliamente el artículo 105 de la Constitución.
Y algo más: sólo podrán inconformarse ante la Corte por la reforma electoral poblana –y otras que crean inconvenientes– el presidente de la República, las tres cuartas partes de los Congresos estatales, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la procuradora general de la República y las dirigencias de los partidos políticos.
El Tribunal lo único que puede hacer en estos casos es emitir una opinión “no vinculante”.
Es decir: quedaría a juicio de los ministros de la Corte darle entrada o no al tema.
¿Qué nos dice la historia reciente de este país?
Que regularmente los ministros no toman en cuenta esas “opiniones”.
Ignoro quiénes son los abogados de los seis o siete ciudadanos que promovieron los JDC o juicios para la protección de los derechos políticos.
Algo queda claro: o no son expertos en el tema electoral o buscan sangrarlos solamente con recursos que no tienen el futuro que sus “promoventes” creen.
Como bien lo dice el abogado Rosette, ante los resultados negativos de sus recursos no faltarán aquellos que descalifiquen al TEPJF por su “complicidad” con el Congreso poblano.
Pareciera que algunos más que justicia buscan escándalos mediáticos.
La Trama Burlesca de un Candidato Ciudadano(La última y nos Vamos). Por una irregularidad atribuida al quintacolumnista, mi columna del viernes apareció en el portal Puebla On Line fuera de los tiempos acostumbrados.
En aras de que mis veinte lectores no se queden sin leer esa entrega, repito las partes centrales de mi Quinta Columna:
En la ya célebre “Tres de Tres”, que fue promovida durante la más reciente campaña política y que se tomó como estandarte de transparencia al dejar en claro algunos candidatos temas torales como las declaraciones Patrimonial, de Intereses y Fiscal, Alberto Merlo Martínez –Beto Merlo– respondió así:
En las Patrimonial y de Intereses señaló que no recibe ningún tipo de remuneración o de ingreso, por lo que es dependiente económicamente al 100 por ciento de su familia.
La duda mata: ¿cómo financió su precampaña entonces?
Merlo jura que jamás ha trabajado ni desempeñado un cargo con remuneración ni ha sido parte de empresa alguna.
Dejó en claro que no tiene propiedades y sólo refirió las que son de su familia: un local y una casa en copropiedad a nombre de doña “Teté”, su madre, y una persona no especificada.
De su padre, Dagoberto Merlo Cortina, catedrático de educación superior, recibe una pensión alimenticia mensual de la BUAP –a raíz de la orden judicial No. 139/2011 del Juzgado 6º de lo Familiar– por 36 mil pesos.
Su madre, doña Teté, es apoderada legal sin partición en el consejo de una institución bancaria y de casas de financiamiento.
No especifica cuáles.
Merlo tampoco hace públicas las declaraciones completas de sus padres, pese a que asegura que depende al 100 por ciento de ellos.
En su declaración de Ingresos menciona una cuenta menor a 100 mil pesos en Banorte sin especificar la cantidad exacta.
Tampoco aclara el origen de esa cuenta.
Beto Merlo admite que es dueño de un vehículo usado –Fusión 2007– donado por su madre con valor de 50 mil pesos.
Continuemos.
Su Declaración Fiscal la presenta en ceros.
Cómo olvidar que en su campaña insistiera tanto en que el candidato del PAN, Xavier Albizuri, transparentara sus declaraciones.
Queda claro ahora que lo hizo desde la comodidad de ser un nini: ni recibe salario ni le paga al fisco.
La misma duda vuelve a matar: ¿de dónde salieron los recursos de precampaña y dónde quedó el millón 66 mil pesos que le dieron como candidato independiente?
Beto Merlo admite que es el “Encargado de Asuntos Estudiantiles y Universitarios de Puebla Vigila”, organización encabezada por Angie Navarro.
Y más: es el “Encargado del Nodo de Estado de Derecho en Actívate por Puebla”, que sirvió en los últimos años como trampolín laboral para varios de sus integrantes: unos son ahora diputados locales y otros más obtuvieron trabajo en los gobiernos estatal y municipal.
Merlo dice que también es “Director de Fomento Profesional en Rotaract”.
En plena campaña nuestro héroe se jactó de haber “donado” dinero a Greenpeace.
No dijo cuánto.
Ahora lo sabemos: 800 pesos.
Y más: es “Miembro del Comité Fundador de Colectivo Pro Animal”.
Hay que decir que el candidato ciudadano logró su registro gracias a las más de diez mil firmas que le aportó la asociación que encabeza René Escalona.
Lo curioso es que en las urnas apenas rebasó los cuatro mil votos.
Estos son los “ciudadanos” que se rasgan las vestiduras por los candados que el Congreso local impuso a ese tipo de candidaturas: “ciudadanos” opacos y mentirosos patrocinados por partidos y organizaciones igualmente opacos y mentirosos.
Que el Bronco y Carmen Salinas los rediman.
***Por cierto: entre quienes interpusieron recursos de inconstitucionalidad a la reciente reforma electoral destacan varios de los patrocinadores ocultos de Beto Merlo.
Ya se sabe para quién trabajan.
Piña Kurzcyn y una Iniciativa Sumamente Conveniente. En la sesión de este jueves en San Lázaro, segunda de la 63 Legislatura, Juan Pablo Piña Kurzcyn presentó una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos en aras de reducir el financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento.
Esto representaría un ahorro de más de 5 mil millones de pesos al año.
(Como dirían algunos columnistas locales: ¿se imagina usted cuántas escuelas o canchas de futbol se podrían construir?).
En Puebla dicho ahorro llegaría a los 200 millones de pesos.
¿Quién en su sano juicio podría oponerse a esa reforma, sobre todo en un contexto de austeridad como lo anunció este miércoles el presidente Peña Nieto?
¿El PRI saldrá a decir que la iniciativa es descabellada y que lastima a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado crear a los mexicanos?
¿Qué dirán los diputados de Morena, quienes quieren que la austeridad no sólo llegue a la galopina y a la cocinera sino al mismísimo Chef?
La propuesta de Juan Pablo Piña lleva el aval de su partido, el PAN, y fue presentada en conjunto con una diputada de Baja California: María Eloísa Talavera.
Sobra decir que desde su curul, César “El Relojes” Camacho, sedicente líder de la bancada priista, hizo una expresión similar a la que –López Dóriga dixit– le hizo mostrar el cobre en la primera sesión de esta Legislatura: cuando, frente al secretario de Gobernación, el presidente de la Mesa Directiva –Jesús Zambrano– planteó que sería deseable que en los informes presidenciales que vienen el titular del Ejecutivo acuda personalmente a rendirlo.
La iniciativa de Piña Kurzcyn es brutalmente buena y necesaria, pero algo me dice que será rechazada por quienes en público exigen austeridad y en corto la repudian.
Adivinó el hipócrita lector.
Para qué le digo los nombres.
La Quinta Columna por Mario Alberto Mejía
En el contexto de la polémica surgida por los recientes candados al tema de las candidaturas ciudadanas en Puebla, cuando menos seis personajes interpusieron el mismo número de juicios para la protección de sus derechos políticos, conocidos coloquialmente como JDC.
La instancia elegida fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y es aquí donde empieza el problema.
Vea el hipócrita lector:
Luis Guillermo Rosette –un brillante abogado que actualmente estudia en el ITAM la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación– me envió el viernes pasado cinco tuits reveladores, sobre todo porque su autor es un auténtico experto en la materia y ha trabajado en el mismísimo TEPJF.
En otras palabras: no es un improvisado ni un “opinador” de los que abundan en las redes sociales.
Repito: es un estudioso en el tema de los JDC o juicios para la protección de los derechos políticos.
He aquí los tuits de Memo reunidos en una sola reflexión:
“Me entere de que algunos ciudadanos poblanos, algunos conocidos, otros no tanto, promovieron juicios ciudadanos. Todos (lo hicieron) ante el TEPJF para controvertir la reciente reforma electoral poblana. Al leer tu columna lo confirmé. Jurídicamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté facultado para declarar la inconstitucionalidad de leyes electorales. Ahí está el problema. Sus demandas serán improcedentes y, seguramente, ese resultado será cuestionado y motivara la descalificación de la institución. Y todo por pretender algo que jurídicamente es imposible en los términos que lo plantean”.
Hasta aquí la reveladora reflexión de un estudioso y profesional del ámbito electoral.
Entiendo que los ciudadanos sólo pueden acudir al TEPJF cuando en la práctica hayan sentido violentados sus derechos, no antes como es el caso.
Así lo refiere ampliamente el artículo 105 de la Constitución.
Y algo más: sólo podrán inconformarse ante la Corte por la reforma electoral poblana –y otras que crean inconvenientes– el presidente de la República, las tres cuartas partes de los Congresos estatales, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la procuradora general de la República y las dirigencias de los partidos políticos.
El Tribunal lo único que puede hacer en estos casos es emitir una opinión “no vinculante”.
Es decir: quedaría a juicio de los ministros de la Corte darle entrada o no al tema.
¿Qué nos dice la historia reciente de este país?
Que regularmente los ministros no toman en cuenta esas “opiniones”.
Ignoro quiénes son los abogados de los seis o siete ciudadanos que promovieron los JDC o juicios para la protección de los derechos políticos.
Algo queda claro: o no son expertos en el tema electoral o buscan sangrarlos solamente con recursos que no tienen el futuro que sus “promoventes” creen.
Como bien lo dice el abogado Rosette, ante los resultados negativos de sus recursos no faltarán aquellos que descalifiquen al TEPJF por su “complicidad” con el Congreso poblano.
Pareciera que algunos más que justicia buscan escándalos mediáticos.
La Trama Burlesca de un Candidato Ciudadano(La última y nos Vamos). Por una irregularidad atribuida al quintacolumnista, mi columna del viernes apareció en el portal Puebla On Line fuera de los tiempos acostumbrados.
En aras de que mis veinte lectores no se queden sin leer esa entrega, repito las partes centrales de mi Quinta Columna:
En la ya célebre “Tres de Tres”, que fue promovida durante la más reciente campaña política y que se tomó como estandarte de transparencia al dejar en claro algunos candidatos temas torales como las declaraciones Patrimonial, de Intereses y Fiscal, Alberto Merlo Martínez –Beto Merlo– respondió así:
En las Patrimonial y de Intereses señaló que no recibe ningún tipo de remuneración o de ingreso, por lo que es dependiente económicamente al 100 por ciento de su familia.
La duda mata: ¿cómo financió su precampaña entonces?
Merlo jura que jamás ha trabajado ni desempeñado un cargo con remuneración ni ha sido parte de empresa alguna.
Dejó en claro que no tiene propiedades y sólo refirió las que son de su familia: un local y una casa en copropiedad a nombre de doña “Teté”, su madre, y una persona no especificada.
De su padre, Dagoberto Merlo Cortina, catedrático de educación superior, recibe una pensión alimenticia mensual de la BUAP –a raíz de la orden judicial No. 139/2011 del Juzgado 6º de lo Familiar– por 36 mil pesos.
Su madre, doña Teté, es apoderada legal sin partición en el consejo de una institución bancaria y de casas de financiamiento.
No especifica cuáles.
Merlo tampoco hace públicas las declaraciones completas de sus padres, pese a que asegura que depende al 100 por ciento de ellos.
En su declaración de Ingresos menciona una cuenta menor a 100 mil pesos en Banorte sin especificar la cantidad exacta.
Tampoco aclara el origen de esa cuenta.
Beto Merlo admite que es dueño de un vehículo usado –Fusión 2007– donado por su madre con valor de 50 mil pesos.
Continuemos.
Su Declaración Fiscal la presenta en ceros.
Cómo olvidar que en su campaña insistiera tanto en que el candidato del PAN, Xavier Albizuri, transparentara sus declaraciones.
Queda claro ahora que lo hizo desde la comodidad de ser un nini: ni recibe salario ni le paga al fisco.
La misma duda vuelve a matar: ¿de dónde salieron los recursos de precampaña y dónde quedó el millón 66 mil pesos que le dieron como candidato independiente?
Beto Merlo admite que es el “Encargado de Asuntos Estudiantiles y Universitarios de Puebla Vigila”, organización encabezada por Angie Navarro.
Y más: es el “Encargado del Nodo de Estado de Derecho en Actívate por Puebla”, que sirvió en los últimos años como trampolín laboral para varios de sus integrantes: unos son ahora diputados locales y otros más obtuvieron trabajo en los gobiernos estatal y municipal.
Merlo dice que también es “Director de Fomento Profesional en Rotaract”.
En plena campaña nuestro héroe se jactó de haber “donado” dinero a Greenpeace.
No dijo cuánto.
Ahora lo sabemos: 800 pesos.
Y más: es “Miembro del Comité Fundador de Colectivo Pro Animal”.
Hay que decir que el candidato ciudadano logró su registro gracias a las más de diez mil firmas que le aportó la asociación que encabeza René Escalona.
Lo curioso es que en las urnas apenas rebasó los cuatro mil votos.
Estos son los “ciudadanos” que se rasgan las vestiduras por los candados que el Congreso local impuso a ese tipo de candidaturas: “ciudadanos” opacos y mentirosos patrocinados por partidos y organizaciones igualmente opacos y mentirosos.
Que el Bronco y Carmen Salinas los rediman.
***Por cierto: entre quienes interpusieron recursos de inconstitucionalidad a la reciente reforma electoral destacan varios de los patrocinadores ocultos de Beto Merlo.
Ya se sabe para quién trabajan.
Piña Kurzcyn y una Iniciativa Sumamente Conveniente. En la sesión de este jueves en San Lázaro, segunda de la 63 Legislatura, Juan Pablo Piña Kurzcyn presentó una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos en aras de reducir el financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento.
Esto representaría un ahorro de más de 5 mil millones de pesos al año.
(Como dirían algunos columnistas locales: ¿se imagina usted cuántas escuelas o canchas de futbol se podrían construir?).
En Puebla dicho ahorro llegaría a los 200 millones de pesos.
¿Quién en su sano juicio podría oponerse a esa reforma, sobre todo en un contexto de austeridad como lo anunció este miércoles el presidente Peña Nieto?
¿El PRI saldrá a decir que la iniciativa es descabellada y que lastima a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado crear a los mexicanos?
¿Qué dirán los diputados de Morena, quienes quieren que la austeridad no sólo llegue a la galopina y a la cocinera sino al mismísimo Chef?
La propuesta de Juan Pablo Piña lleva el aval de su partido, el PAN, y fue presentada en conjunto con una diputada de Baja California: María Eloísa Talavera.
Sobra decir que desde su curul, César “El Relojes” Camacho, sedicente líder de la bancada priista, hizo una expresión similar a la que –López Dóriga dixit– le hizo mostrar el cobre en la primera sesión de esta Legislatura: cuando, frente al secretario de Gobernación, el presidente de la Mesa Directiva –Jesús Zambrano– planteó que sería deseable que en los informes presidenciales que vienen el titular del Ejecutivo acuda personalmente a rendirlo.
La iniciativa de Piña Kurzcyn es brutalmente buena y necesaria, pero algo me dice que será rechazada por quienes en público exigen austeridad y en corto la repudian.
Adivinó el hipócrita lector.
Para qué le digo los nombres.
