Tras más de 50 horas de bloqueos carreteros y una intensa movilización de comunidades de la Sierra Negra, autoridades clausuraron este lunes invernaderos operados por empresas de origen chino en la región, principalmente en los límites de San Gabriel Chilac, San Pedro Chapulco y municipios aledaños como Altepexi.
La medida se tomó ante las denuncias reiteradas de los pobladores por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el riesgo de contaminación de fuentes de agua que abastecen a decenas de miles de habitantes.
De acuerdo con reportes locales, la clausura se realizó al mediodía de este lunes. Las autoridades otorgaron un plazo a la empresa —identificada en protestas previas como Colorado Ecoterra o Colorado Bioterra Tehuacán— para retirar su infraestructura de las zonas afectadas.
Los manifestantes, provenientes de comunidades como San Gabriel Chilac y San Francisco Altepexi, bloquearon durante horas vialidades importantes como la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la carretera Tehuacán-Teotitlán. Exigían la cancelación definitiva de los proyectos, que planeaban extenderse por más de 100 hectáreas cerca de veneros de agua y el manantial “La Taza”, el cual suministra agua potable a más de 38 mil personas entre Chilac y Altepexi. Los habitantes denunciaron que estos invernaderos consumen grandes volúmenes de agua para su operación intensiva, además de utilizar pesticidas y fertilizantes químicos que podrían contaminar los pozos y manantiales de la zona. Señalaron además una aparente desigualdad: mientras a los campesinos locales se les niegan permisos de riego, los proyectos extranjeros avanzaban sin mayores restricciones.
“Nos están dejando sin agua y sin tierras”, advirtieron repetidamente los pobladores de la Sierra Negra, quienes temen que la actividad agrícola industrial agote los recursos hídricos en una región que ya enfrenta severos problemas de escasez.
Tras las negociaciones, se firmó una minuta en la que se acordó la suspensión definitiva de las operaciones. Los manifestantes levantaron los bloqueos una vez confirmada la clausura y el compromiso de retirar la infraestructura.
Las comunidades han anunciado que mantendrán la vigilancia para garantizar que los invernaderos no reanuden operaciones y que se respeten los recursos naturales de la región.
