En una sesión marcada por tensiones, giros políticos y más de seis horas de debate, el Senado de la República aprobó la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque con un cambio clave: la eliminación de la revocación de mandato para 2027.
Con 87 votos a favor y 41 en contra, la Cámara alta avaló en lo general el llamado “Plan B”; sin embargo, en la discusión en lo particular, el Partido del Trabajo (PT) –aliado de Morena– presentó una reserva que suprimió las modificaciones al artículo 35 constitucional, lo que mantiene vigente el esquema actual de este mecanismo democrático.
De esta forma, cualquier eventual consulta de revocación de mandato para la presidenta se realizaría hasta 2028 y no en 2027, como planteaba la iniciativa original.
El giro del PT que redefinió la reforma
El punto de quiebre llegó cuando la senadora Lizeth Sánchez García defendió la reserva de su partido.
“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”.
El posicionamiento fue respaldado por la dirigencia petista, encabezada por Alberto Anaya Gutiérrez, quien reiteró que apoyarían la reforma en lo general, pero se apartarían del tema de revocación de mandato.
La decisión fue determinante: sin los votos del PT, Morena no alcanzaría la mayoría calificada, lo que obligó a ajustar el contenido de la reforma.
Oposición celebra y oficialismo minimiza
La eliminación de este apartado fue celebrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes desde el inicio criticaron la propuesta al considerar que permitiría a la presidenta participar indirectamente en el proceso electoral intermedio.
La senadora panista Mayuli Latifa Martínez calificó la medida como una “trampa y cinismo”, mientras que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, sostuvo que el proyecto buscaba “hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”.
En contraste, desde Morena se rechazó que la modificación represente un fracaso. Legisladores oficialistas argumentaron que lo importante era evitar que la reforma fuera desechada en su totalidad, como ocurrió previamente en la Cámara de Diputados.
Qué sí se aprobó del “Plan B”
Pese al recorte, el Senado avaló varios cambios en materia de austeridad y organización política, entre ellos:
- Reducción de presupuestos a congresos locales y al propio Senado
- Límite máximo de 15 regidores en municipios
- Eliminación de prestaciones consideradas onerosas en órganos electorales
- Prohibición de contratar seguros con recursos públicos
- Ajuste obligatorio en las remuneraciones de servidores públicos
Estas medidas forman el núcleo del “Plan B”, enfocado en la reducción del gasto público.
Tras la aprobación en lo general y en lo particular, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
