Una estampa de la impunidad que priva en Puebla es la siguiente: hace cuatro años una organización de paracaidistas, encabezado por una líder identificada como Félix N., invadió 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, en el sur de la capital poblana. Aunque esta mujer está vinculada a un proceso penal por el delito de despojo, nadie la detiene. Ahora ha intentado apoderarse ilegalmente de otras 125 hectáreas, en la misma zona, situación que le impidieron los propietarios con el uso de piedras y palos, como único recurso ante la ausencia de la protección de las autoridades.
Y, por si fuera poco, en este nuevo intento de invasión, contó con un respaldo policiaco del municipio de Puebla, en lo que parece ser un caso de “venta de protección” por parte de los uniformados que actúan en la zona de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, que es la región hacia donde se está orientando el crecimiento urbano de la capital del estado.
Tal situación exhibe que el sur del municipio de Puebla se ha convertido en “un polvorín”, que en cualquier momento va a estallar, por la proliferación de invasiones y la pasividad de las autoridades para frenar la ola de despojos y venta ilegal de terrenos.
Desde hace cuatro años, el Poder Judicial poblano no ha podido desahogar la parte básica de un juicio que hay contra Félix N., pese a que esta mujer no ha presentado una sola prueba que le pudiera servir para defenderse en el litigio por la invasión de las 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina.
A lo anterior se debe agregar que la Fiscalía General del Estado ha sido incapaz de ejecutar cuatro operativos para restituir esos terrenos a sus legítimos dueños, tal como ya lo ordenó un juez, por lo cual los paracaidistas se sienten seguros de que nadie los toca.
Esas condiciones les han permitido lotificar el área invadida, vender los predios y abusar de decenas de familias humildes que son engañadas con la falsa promesa de que pronto habrá servicios públicos. El área no tiene red de agua potable ni de energía eléctrica.
En resumen: hay toda una mezcla de actos de corrupción, ineficacia y burocratismos de todas las autoridades involucradas, desde el ámbito estatal hasta el municipal, que han provocado que escale el conflicto de los despojos inmobiliarios en San Andrés Azumiatla, que es una de las juntas auxiliares con menor desarrollo social del municipio de Puebla.
El último intento de invasión
San José Zetina es una pequeña localidad campesina en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla. La zona se caracteriza por la ausencia de servicios públicos.
El pasado 18 de marzo, a eso de las 8:00 de la mañana, llegó al sitio un grupo de unas 15 personas con fachas de labriegos y un hombre que decía ser “ingeniero”. Primero recorrieron el área como si solamente estuvieran conociendo el lugar. Más tarde, cuando ya se sintieron en confianza, empezaron a hacer mediciones de los terrenos, que en total se estima que abarcan 125 hectáreas.
Tal situación inquietó a Lucio Flores Escalona, que es uno de los dueños de tierras dedicadas a la agricultura, por lo que alertó a otros propietarios y cuando ya estaban juntos encararon al grupo que tomaba medidas y, supuestamente, estaba colocando señales de división entre los predios.
Los pobladores de San José Zetina les exigieron a los invasores que se retiraran del área porque estaban en propiedad privada, a lo cual respondieron los aludidos que ellos eran los dueños de los terrenos y tenían el derecho a estar ahí.
La discusión empezó a subir de tono y se generaron los primeros roces físicos.
Ambas partes llamaron al teléfono de emergencia y pidieron la presencia de la Policía Municipal.
A lo pocos minutos llegó la patrulla con la identificación PDLC-386, con placas de circulación PB643-A4, en la que iban tres agentes.
Los dueños de los terrenos confiaban en que los uniformados llegarían a buscar tranquilizar la situación e investigar el origen del conflicto. Para su sorpresa, ocurrió todo lo contrario.
Uno de los policías de inmediato mencionó, luego de bajar de la patrulla, que él y los otros dos agentes estaban ahí ara dar protección a la señora Félix N., pues estaba siendo violentada en sus derechos y se encontraba en una de sus propiedades inmobiliarias.
Esas palabras prendieron más los ánimos de los dueños de los terrenos que, para ese momento, ya eran más que los supuestos invasores. Además, por las palabras del policía, se percataron de que los usurpadores eran encabezados por Félix N., a quien identifican plenamente de ser quien está atrás del despojo de la Ex Hacienda de San José Zetina, ubicada a unos metros de distancia.
Otro de los agentes empezó a pedir refuerzos por radio y decía que había un grupo armado que quería quemar la patrulla en la que él y los otros dos uniformados habían llegado a la zona. Esa acusación era contra los propietarios de los terrenos, que no portaban armas de fuego, pero sí palos, piedras y otros objetos que habían encontrado a la mano.
De un momento a otro arribaron al área 10 patrullas de la Policía Municipal, pues el llamado planteaba un conflicto violento.
Los agentes que llegaron en este segundo episodio actuaron de manera correcta, pues primero calmaron a la gente, les pidieron que se alejaran los dos grupos y los empezaron a interrogar. De ambos bandos surgían argumentos de que eran los auténticos dueños.
Al final, un mando de la Policía expresó que la disputa se debía resolver en un juzgado y logró que ambos grupos se retiraran de los terrenos.
Ahora los campesinos que sí son los propietarios de las tierras viven con la zozobra de que en cualquier momento los van a querer invadir y que no hay autoridad alguna que los proteja.
