Es un crimen lo del IMSS Puebla con los pacientes psiquiátricos, tema del que me ocupé ya el pasado lunes.
El horror, sin exagerar.
El pasado fin de semana, uno de esos pacientes con síntomas de esquizofrenia se fugó del área de urgencias del Hospital La Margarita después de estar tres horas sin ningún tipo de atención o cuidado médico.
El familiar que lo acompañaba, junto con paramédicos privados –no del Seguro Social–, lo tuvieron que contener para trasladarlo a una Casa de Salud igualmente privada.
La policía intervino e increíblemente ya se quería llevar detenido al pariente del paciente.
Este fue el momento:
‼️ #IMPERDONABLE ‼️
⚠️ UN PACIENTE PSIQUIÁTRICO (SUFRE ESQUIZOFRENIA) SE FUGÓ DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL #IMSS LA MARGARITA EN #Puebla DESPUÉS DE ESTAR 3 HORAS SIN ATENCIÓN DE NINGÚN TIPO.
🚨 EL FAMILIAR QUE LO ACOMPAÑABA, JUNTO CON PARAMÉDICOS PRIVADOS, LO TUVIERON QUE… pic.twitter.com/7envDhBxYV
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 25, 2026
Estas dramáticas situaciones, producto de la desesperación de enfermos necesitados de auxilio, se repiten en el IMSS poblano prácticamente a diario.
Que no trasciendan, y que a la delegada María Magdalena Tinajero Esquivel y al titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, Sergio Raúl Díaz García, les importe un cacahuate, es otra cosa.
La omisión deliberada y corrupción institucionalizada causan que diariamente el IMSS Puebla deje de atender a 23 pacientes psiquiátricos, muchos de los cuales requieren incluso de urgente hospitalización subrogada.
No reciben la atención necesaria y aquellos afortunados que logran ser ingresados, son mezclados en una área apretada e insuficiente con pacientes de urgencias generales.
Se calcula que a finales de este 2026, unos 6 mil pacientes con trastornos mentales como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad o demencia habrán quedado literalmente abandonados por la institución que está obligada a procurar su salud.
Esta situación aumenta el riesgo de que se multipliquen los suicidios o intentos de suicidios, homicidios, violencia familiar, robos, violaciones…
Los testimonios son numerosos.
Y contundentes.
Este, que describe con precisión lo sucedido con el paciente de nombre Jesús Arturo Wilson Hernández, es uno de ellos:
Foto: Especial
La negligencia del IMSS Puebla y de sus principales funcionarios es, evidentemente, de tamaño criminal.
Otro testimonio refiere el caso de Juan Antonio Apolinar Jiménez, con cuadro clínico agudo de esquizofrenia.
A este paciente –como a prácticamente todos– no solo no lo atendieron con la prioridad que ameritaba su situación, sino que cuando se dignaron a hacerlo, horas después de su llegada a La Margarita, lo colocaron en una silla en una pequeña e inadecuada área común, al lado de pacientes generales, a los cuales en determinado momento pudo haber agredido pues presenta comportamiento violento.
Foto: Especial
Lo que hoy ocurre con los pacientes psiquiátricos en ese hospital del IMSS no puede minimizarse como un problema de logística, saturación o simple reorganización interna.
Lo que está en juego es mucho más grave: la posibilidad de que el propio Seguro Social esté sometiendo a personas con trastornos mentales y del comportamiento a condiciones de atención incompatibles con la ley, con su propia normativa técnica y con el deber elemental de protección que le corresponde como institución pública de salud.
Lo verdaderamente alarmante es que los pacientes más vulnerables del sistema –aquellos que llegan en crisis mental, en desorganización conductual, con ideación suicida, con brotes psicóticos, con angustia extrema o con riesgo de dañar a terceros o a sí mismos– terminan siendo justamente los más desprotegidos cuando la institución decide rebajar el estándar de atención. Y eso no solo compromete su evolución clínica. Compromete la responsabilidad legal, ética y pública de todo el aparato institucional que lo permite.
Un hospital público puede estar saturado, puede enfrentar carencias y puede padecer errores de gestión. Lo que no puede hacer, sin asumir responsabilidad, es tratar a los pacientes psiquiátricos como si su condición no exigiera nada distinto. Porque cuando el IMSS sabe lo que la ley ordena, sabe lo que su propia norma impone y aun así opera por debajo de ese mínimo, deja de proteger y empieza a incumplir.
Expertos consultados refieren que si el IMSS Puebla no tiene la capacidad para atender pacientes psiquiátricos, el IMSS Puebla debe garantizar un presupuesto para canalizarlos mediante una hospitalización subrogada.
¿Cuáles son las razones por las cuales ni la delegada María Magdalena Tinajero Esquivel ni el titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, Sergio Raúl Díaz García, han contratado (o subrogado) a un hospital o clínica privada para que ofrezca los servicios que ellos no quieren ni pueden brindar a todos los pacientes que los necesitan?
Ineficiencia, corrupción y negligencia institucional, todo ellos encubierto bajo la premisa de “falta de presupuesto”.
En esencia: más allá de la ridícula versión oficial, que sigue vendiendo la idea de que los servicios de salud que presta el IMSS son iguales o mejores que en Dinamarca –una patética herencia del lopezobradorismo–, estamos frente a una denuncia seria de atención psiquiátrica brindada en condiciones incompatibles con el deber legal y técnico del propio Instituto.
Un hospital público puede estar rebasado. Lo que no puede hacer es convertir esa saturación en excusa para desproteger a los pacientes más vulnerables.
Porque cuando el IMSS sabe lo que debe hacer y aun así no lo garantiza, deja de administrar una crisis y empieza a incumplir su obligación legal de cuidar.
Y eso es un crimen que la ley debería castigar.
