Los mercados municipales de la capital poblana atraviesan uno de sus periodos más críticos. Lo que históricamente fueron centros de economía popular, hoy son el escenario de una disputa territorial donde el crimen organizado ha instaurado un sistema de gobernanza paralela basado en la extorsión, el narcomenudeo y las estafas.
Un diagnóstico de alcance municipal
Aunque el mercado Morelos ha acaparado los titulares recientemente, las autoridades estatales y municipales han reconocido que la problemática no es aislada. El fenómeno de la infiltración criminal se ha extendido a diversos puntos de la ciudad, afectando la operatividad de centros de abasto como La Cuchilla, el mercado Hidalgo, Unión, El Campanario y la propia Central de Abasto.
El “modus operandi” detectado por las áreas de inteligencia gubernamental incluye:
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Cobro de derecho de piso: Exigencias económicas que van desde cuotas semanales de subsistencia hasta montos de 35,000 pesos mensuales para los locales con mayor volumen de ventas.
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Narcomenudeo y almacenaje: El uso de locales, en ocasiones abandonados o despojados, como bodegas de sustancias ilícitas o incluso como centros de retención.
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Estafas y control de precios: La imposición de proveedores específicos y el control sobre los precios de productos básicos.
La incursión de grupos foráneos: el caso de la Familia Michoacana
Como parte del contexto de esta crisis, se ha documentado la incrustación de células vinculadas a La Familia Michoacana. Este grupo ha buscado desplazar a las bandas locales que tradicionalmente operaban en la zona norte de la ciudad.
Las acciones recientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han resultado en la detención de 25 operadores de este grupo en las últimas dos semanas, incluyendo perfiles como “El Topo”, “La Güera” y “El Charro”. Estas capturas han revelado la brutalidad de su control, vinculándolos no solo con la extorsión, sino con el hallazgo de fosas clandestinas y el asesinato de comerciantes que se negaron a pagar las cuotas impuestas.
Reconocimiento oficial y estrategia de seguridad
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González ha sido enfático al reconocer que los mercados han sido vulnerados por grupos delictivos con gran capacidad de fuego y organización. Ante este escenario, el funcionario aseguró que se está implementando una estrategia de recuperación de espacios públicos que incluye:
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Operativos de Fuerzas Especiales: Intervenciones directas para desarticular las cúpulas que controlan los mercados.
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Combate a la “cifra negra”: Incentivar la denuncia ciudadana, pues el miedo a represalias —como el despojo de locales o ataques a la integridad física— mantiene muchos delitos bajo el silencio.
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Presencia permanente: El establecimiento de patrullajes y vigilancia fija para evitar que las células delictivas se reorganicen tras las detenciones.
El impacto en el sector comercial
La situación ha generado una resistencia compleja. Mientras algunos locatarios exigen mayor seguridad, otros han sido instrumentalizados por el crimen organizado para manifestarse contra la presencia policial, utilizando bloqueos viales como escudo para proteger las operaciones delictivas.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que la extorsión absorbe hasta el 20% de las utilidades de los pequeños comerciantes en Puebla, lo que pone en riesgo la supervivencia de los mercados como instituciones sociales y económicas fundamentales para la entidad.
