La directora general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, Josefina Morales Guerrero, informó que el organismo mantiene una deuda total cercana a los 2 mil 300 millones de pesos, la cual será reordenada una vez que se concluya el pago del crédito principal con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, previsto para 2028. Soapap está bajo una revisión financiera instruida por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha calificado el pasivo como una “deuda brutal” heredada de administraciones anteriores, y ocurre un día antes de que tanto el Sistema Operador como la concesionaria Agua de Puebla comparezcan ante el Congreso del Estado.
De acuerdo con la funcionaria, el adeudo más urgente corresponde al financiamiento contratado con Banobras en 2008 para infraestructura hidráulica, cuyo saldo será liquidado en el corto plazo. Una vez solventado, el Soapap procederá a reestructurar el resto de los compromisos financieros, principalmente los que mantiene con el Gobierno del Estado de Puebla, bajo un esquema que, aseguró, no comprometerá la operación cotidiana del organismo ni el suministro de agua a la población.
Morales Guerrero explicó que, aunque una parte importante del presupuesto se destina al servicio de la deuda, el impacto operativo es limitado, ya que el financiamiento representa una proporción menor dentro de los recursos totales.
“La deuda supera los 2 mil 300 millones de pesos y se liquidará con Banobras en 2028; después se erogará al Gobierno de Puebla. No afecta la operación”, señaló.
El origen del endeudamiento se remonta a créditos contratados en 2008, durante el Gobierno estatal de Mario Marín Torres, con montos iniciales superiores a los 2 mil 100 millones de pesos y plazos de hasta 20 años.
El actual Gobierno estatal ha iniciado un proceso de diagnóstico y auditoría integral del organismo, con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos y definir un esquema de saneamiento financiero. En paralelo, se han implementado medidas operativas como la adquisición de 100 pipas para reforzar el abasto de agua en zonas vulnerables, en tanto se estabiliza la situación financiera.
El tema ha generado atención en el Congreso local, donde la comparecencia prevista de autoridades del Soapap y de la concesionaria forma parte del seguimiento legislativo a la situación financiera y operativa del servicio. Se prevé que los resultados de la auditoría en curso aporten mayor claridad sobre el origen y manejo de la deuda, así como sobre posibles responsabilidades administrativas.
