Las iniciativas enviadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al Congreso local buscan modificar la estructura del Poder Judicial del estado para alinearla con la reforma constitucional federal aprobada en marzo de 2025, que introdujo la elección por voto popular de jueces y magistrados.
De acuerdo con lo expuesto por el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, actualmente el Poder Judicial en Puebla está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.
La propuesta plantea mantener el Tribunal Superior de Justicia, pero sustituir el Consejo de la Judicatura por un nuevo Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa y operativa del sistema. Además, se crearía el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que tendría la facultad de investigar y sancionar a funcionarios con funciones jurisdiccionales.
Otro de los cambios contemplados es que el Tribunal de Justicia Administrativa deje de formar parte del Poder Judicial y pase a constituirse como un órgano autónomo independiente.
Como parte de la reconfiguración institucional, también se prevé expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que redefiniría la organización interna de este poder. Paralelamente se reformaría el Código de Instituciones y Procesos Electorales para incorporar la elección directa de personas juzgadoras mediante voto ciudadano.
Con este modelo, en el proceso electoral de 2027 se elegirían por voto popular 32 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 150 jueces del propio tribunal o de primera instancia y cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
En total, alrededor de 187 cargos judiciales quedarían sujetos a elección popular en comicios concurrentes con la renovación de diputaciones locales y ayuntamientos, programada para el primer domingo de junio de 2027.
Las reformas también contemplan que los actuales integrantes del Poder Judicial puedan participar en el proceso electoral para buscar la continuidad en sus cargos o competir por nuevas posiciones.
Las propuestas forman parte de un paquete de alrededor de 13 o 14 iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal al Congreso, que incluye cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la creación de nuevas disposiciones, como la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.
De acuerdo con el calendario planteado por el Gobierno estatal, la elección de juzgadores se mantendría prevista para el proceso electoral de 2027.
