El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, afirmó que los resultados que obtuvieron durante el segundo periodo de sesiones del Congreso fueron “bastante provechosos”, tras haberse aprobado leyes y reformas importantes para la vida de Puebla.
Expresó que en el periodo que finalizó hace unos días, los legisladores demostraron que mediante el diálogo abierto pudieron construir consensos que permitieron sacar adelante iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
Destacó como unas de las más importantes la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y a Adolescentes, y el endurecimiento de las penas contra el delito de feminicidio y la aprobación de cuentas públicas e Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR).
Se congratuló por el respeto que mostraron los diputados locales durante el pasado proceso electoral, y la disposición para blindar al Legislativo de los temas de campañas.
“Fue un balance positivo, se sacan adelante temas complicados, como el pacto de civilidad; la elección federal nos tocó en este periodo, creo que logramos el objetivo de no contaminar el recinto legislativo con temas de tipo partidista. Se sacó el tema de la reforma electoral y viene su discusión, pero en términos generales fue bastante provechoso”, indicó.
Confió que esta madurez mostrada por los legisladores locales se mantenga en el tercer y último periodo de sesiones del segundo año de trabajos de la LIX Legislatura, y durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma político-electoral.
Cabe señalar que durante los dos primeros periodos de sesiones del segundo año de trabajos de la LIX Legislatura se han aprobado 329 resoluciones que se reflejaron en cuatro nuevas leyes, 253 decretos y 72 acuerdos.
Estos nuevos ordenamientos son las leyes de Gobernanza Regulatoria, de Gobierno Digital, de Desarrollo Económico Sustentable, y la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Se aprobaron cuatro reformas a la legislación federal, 39 decretos que reformaron diversos ordenamientos jurídicos estatales vigentes, entre los que se encuentran la Político-Electoral, Fiscalización, Turismo, Feminicidios, Salud y Gobierno Digital e incorporación del uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información.
Durante este tiempo, fueron aprobadas 114 cuentas públicas y se dio paso a 29 Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) a sujetos de revisión que no comprobaron la correcta ejecución de recursos públicos.
Asimismo, se avalaron 27 Resoluciones de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; 13 Resoluciones de Recursos de Revocación contra actos del Congreso y una Autorización a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para ejercer acción legal.
