Un contundente fallo judicial se ha producido contra uno de los mayores fraudes inmobiliarios que se ha generado en Puebla y Tlaxcala en los últimos años, que es el desarrollo Arcos Altos, ubicado en territorio tlaxcalteca, pero cuyos afectados en su mayoría son familias poblanas. Una trama criminal en la que están presentes las omisiones y/o la colusión de funcionarios del Infonavit, de varios notarios públicos y personal del Registro Público de la Propiedad.
Es una sentencia que golpea al llamado Cartel Inmobiliario, que se trata de la organización que surge entre constructores privados, funcionarios públicos y notarios que actúan a favor de invasiones o despojos de bienes inmuebles, gozando de plena impunidad.
De tal manera que se ha ordenado por parte de Juzgado Segundo en Materia Civil, con sede en la ciudad de Puebla, que los notarios públicos de Tlaxcala y en especial el fedatario 29 de la capital poblana, anulen todos los actos jurídicos que permitieron construir y comercializar 480 departamentos en un predio que estaba en litigio debido a que fue despojado a sus dos legítimos propietarios.
También se ha ordenado que el predio, junto con los 12 edificios que se levantaron en los últimos tres años, sean restituidos a los dueños originales del terreno, sin la obligación de pagar alguna indemnización al Grupo Suzari, que es la empresa inmobiliaria que estuvo atrás de la supuesta trama criminal.
Por si fuera poco, se está obligando a Grupo Suzari a pagar 14 millones 510 mil 330 pesos por los daños y prejuicios que provocó a los dueños de la superficie involucrada en el desarrollo de Arcos Altos.
Sin duda es un muy buen fallo el que ha dado el juez Martín José Calihua Martínez, en medio de un ambiente en el cual los constructores nunca son tocados “ni con el pétalo de una rosa”.
La resolución judicial en cuestión “es un grano de arena” en Puebla, que es un estado que se ha convertido en el paraíso de las invasiones inmobiliarias, ya que las autoridades nunca actúan contra las organizaciones que cometen los despojos.
Esta sentencia vuelve a exhibir que los notarios públicos de Puebla y Tlaxcala, junto con los funcionarios del Infonavit, son personajes en los que no se puede confiar.
Se supone que son quienes deben de dar certeza jurídica a los actos de compra de inmuebles –con créditos de interés social— y resulta que, al contrario, son quienes acaban legitimando los timos contra los derechohabientes del Fondo Nacional de Vivienda.
Firmas y créditos falsos
La historia de este fraude ya se ha detallado en varias ocasiones en este espacio periodístico. Pero vale la pena volver a reproducirla para entender el sentido de la sentencia del Juzgado Segundo en Materia Civil.
En 2023, la señora y señor Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa se percatan de que, en un predio de su propiedad, que abarca 25 mil 682.83 metros cuadrados, ha empezado la construcción del fraccionamiento Arcos Altos, sin que nunca hayan vendido esa propiedad, que se ubica en el predio Loma Alta, de la Ex Hacienda de Xocoyucan, en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.
Esa es una zona que está en la colindancia con la entidad poblana y en particular con San Martín Texmelucan.
Para su mayor sorpresa se topan con que sus firmas aparecen en el proceso mediante el cual la Notaría 29 de la ciudad de Puebla –a cargo de Víctor Manuel Aureliano Cortés– emitió la escritura 47 mil 738, en el volumen 444 y los folios 47 mil 738 y 47 mil 739, a favor del Grupo Suzari.
Es decir, en ese acto notarial se asienta que Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa les vendieron voluntariamente las dos hectáreas y media a los desarrolladores inmobiliarios.
Dicha transacción en realidad no existió. Nunca se hizo trato alguno con Grupo Suzari. Por esa razón los agraviados iniciaron el proceso legal 957/2024/2C, para denunciar que fueron objeto de un despojo.
En diciembre pasado, se presentaron tres peritajes de grafoscopía ante el juzgado y en dos dictámenes se asentó que eran falsas las firmas de Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa, por lo que nunca hubo la venta de la superficie en cuestión, pese a la escritura que emitió la Notaría Pública 29.
Esos peritajes fueron fundamentales para la sentencia alcanzada a favor de los dueños de las tierras.
El problema de fondo es que la justicia es muy lenta y los notarios públicos son unos sinvergüenzas.
Al ser tan tardado el proceso legal, les dio tiempo a los directivos de Grupo Suzari construir 12 edificios en los terrenos despojados, en los cuales se habilitaron 480 departamentos, que miden cada uno 52 metros cuadrados.
Las viviendas se pusieron a la venta con precios que iban de los 439 mil pesos y hasta los 542 mil pesos.
Aunque ya estaba presentada la demanda por despojo, el Infonavit aprobó el desarrollo inmobiliario.
Y algunos notarios públicos de Tlaxcala avalaron la compra de los departamentos, cuyos adquirientes en su mayoría son de Puebla, de las regiones de San Martín Texmelucan y Huejotzingo.
Ahí no termina todo. Se sabe que la corrupción en el Infonavit permitió que se detectara a derechohabientes que ya fallecieron, que sufren alguna discapacidad permanente o que nunca han querido comprar un inmueble, para que sus firmas fueran falsificadas para ejercer créditos de vivienda en el desarrollo Arcos Altos.
Con esa financiación se adquirieron departamentos y luego se revendieron, es lo que se expuso en una queja presentada en las oficinas centrales del Infonavit.
