La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes que el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, vigente desde el 9 de enero, tenga como propósito vigilar a la población, y enfatizó que se trata de una medida para combatir delitos como la extorsión y el fraude.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la información de los usuarios queda resguardada exclusivamente por las empresas telefónicas (Telcel, Movistar, AT&T, entre otras), no por el gobierno.
“Quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía”, afirmó.
Sheinbaum precisó que las autoridades solo pueden acceder a esos datos en caso de una investigación formal por delito, tras una denuncia (por ejemplo, al 089 en casos de extorsión), y rechazó categóricamente que el sistema permita rastrear ubicación o actividades cotidianas de las personas.
“No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente”, subrayó, al tiempo que calificó de falso cualquier señalamiento de espionaje masivo.
El registro, impulsado bajo la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obliga a vincular cada línea (prepago o pospago) con una identificación oficial y la CURP. Los usuarios tienen hasta el 30 de junio de 2026 para cumplir; de lo contrario, sus líneas serán suspendidas progresivamente.
La medida busca eliminar el anonimato en la telefonía móvil, que facilita delitos como llamadas extorsivas, fraudes y secuestros virtuales. Sin embargo, ha generado críticas de la oposición (como el PAN) y organizaciones de derechos digitales, que alertan sobre riesgos a la privacidad y posibles abusos en el manejo de datos personales y biométricos.
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La presidenta insistió en que la responsabilidad de proteger la información recae en las operadoras, bajo la Ley General de Protección de Datos Personales, y que el esquema fortalece la seguridad sin vulnerar derechos.
