El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, reveló que el “boquete financiero” a la entidad es de cinco mil millones de pesos, de los cuales urge que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere 600 millones de pesos, correspondientes a las ministraciones del primer trimestre del año.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario estatal explicó que el pasivo proviene de participaciones federales no devengadas de 2014 y 2015, que suman casi dos mil 400 millones de pesos; laudos y pagos pendientes, y más de 200 millones de pesos para implementar el nuevo sistema de justicia penal en Guerrero.
Por la mañana, en reunión con la segunda comisión de la Permanente, aseguró que la situación financiera de la entidad es grave al punto de “o nos declaramos en quiebra o adelantamos la toma de posesión” de Héctor Astudillo, el mandatario recién electo.
En entrevista rechazó que sea una irresponsabilidad el planteamiento que hizo ante legisladores.
Además, precisó que el “boquete financiero” tiene qué ver con el pago de 19 mil plazas estatales que no tiene techo presupuestal.
“Si ya hay gobernador electo, yo para qué sigo lidiando con este toro, adelantemos la toma de posesión y a él (Astudillo) que le regresen las participaciones federales que hacen falta, porque vamos a entrar a una crisis financiera muy profunda y fue el tema educativo el que provocó este boquete en las finanzas de Guerrero”, explicó el mandatario, tras aclarar que al primer trimestre hubo falta de pago a maestros que tenían plazas estatales.
El senador perredista Armando Ríos Piter, presidente de la segunda comisión de la Permanente, dijo que “es un problema estructural y es el mismo que se conoció en Oaxaca y es el tipo de condición que prevalece en muchas otras entidades”.
Ríos Piter dijo que el Legislativo no sólo tiene que revisar el asunto de las evaluaciones, porque si lo que queremos es que verdaderamente el asunto educativo jale bien, tenemos que irnos a la Ley de Coordinación Fiscal.
El senador y ex gobernador de Guerrero, René Juárez (PRI), aseguró que el boquete financiero por el pago de nómina magisterial no puede ser un argumento para declarar en quiebra al estado, pues la población demanda un gobierno transparente.
Juárez reconoció que deben resolverse las deficiencias del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y analizar las particularidades de Guerrero y Oaxaca, pues no se puede calificar a estados en condiciones de pobreza, pero que ello no significa que no deba aplicarse la reforma.
Ortega aseguró que otro de los problemas que enfrenta es la presencia del crimen organizado, que ha provocado que haya escuelas cerradas debido a que los profesores dejan las aulas porque son acechados, secuestrados y coaccionados por criminales.
Refirió que en el caso de Chilapa —donde en mayo pasado se reportaron 30 personas desaparecidas— Los Rojos y Los Ardillos se disputan el territorio y los maestros le han pedido que no les descuente su salario porque “por seguridad” no van a asistir a clase. “De esa magnitud es el problema del estado de Guerrero”.
Ortega invitó a senadores y diputados a que participen en una mesa de diálogo con integrantes de la CETEG, del SNTE y liderazgos sociales de Guerrero, para puntualizar los alcances de la reforma educativa.
El gobernador interino dijo que la evaluación se aplicó con éxito y pidió ver que cada entidad tiene un contexto diverso en la aplicación de la reforma educativa. “No se puede tratar igual a los desiguales: Chiapas, Oaxaca, Michoacán, y Guerrero deben tener condiciones especiales”.
