La pesada carga de Facundo Rosas en la recta final del sexenio
Rodolfo Ruiz R.
Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.
Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo -al menos en el corto plazo- para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.
Sin embargo, en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no sólo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.
La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.
El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policiacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.
Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.
Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices -y más si son policías de alto rango- sean castigados.
Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la SSP.
En corto.
Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.
A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (PCP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.
Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3 por ciento de la votación nacional. Y para Morena porque le obliga a participar sól en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.
En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.
Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.
La duda es: ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?
Rodolfo Ruiz R.
Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.
Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo -al menos en el corto plazo- para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.
Sin embargo, en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no sólo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.
La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.
El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policiacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.
Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.
Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices -y más si son policías de alto rango- sean castigados.
Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la SSP.
En corto.
Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.
A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (PCP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.
Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3 por ciento de la votación nacional. Y para Morena porque le obliga a participar sól en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.
En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.
Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.
La duda es: ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?
