A pesar de que el pasado 25 de abril el juez primero de distrito en Puebla otorgó la suspensión definitiva de la construcción de un gasoducto en Cuacuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, la empresa Gasomex a través de diversas “artimañas jurídicas” logró continuar con la obra que afecta a más de 4 mil personas, denunció Patricia Montaño Flores, integrante del Movimiento Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD).
Este lunes, en conferencia de prensa, integrantes del movimiento antes mencionado acusaron que como parte de los movimientos “maliciosos” de Gasomex, el juez primero de distrito impuso a la CIDD una publicación de edictos en dos medios de comunicación por un monto de 40 mil pesos.
Sin embargo, al no poder cubrir dicho concepto el pasado 27 de mayo el juez primero de distrito dio a conocer el sobreseimiento del proceso, es decir, se dio por terminado anticipadamente el juicio de amparo, sin que éste se haya revisado a fondo.
“De forma inmediata, decidimos actuar sin dar un paso atrás a nuestra lucha contra la imposición de este gasoducto de la muerte”, subrayó la mujer en representación de los afectados.
Por tal motivo, indicó que los integrantes de la CIDD recurrieron a instancias mayores para interponer un recurso de revisión radicado en el mismo juzgado en materia de procedimientos penales federales, con el número de expediente 61/2015.
“Expresamos nuestra solidaridad con todas las luchas de pueblos indígenas o no indígenas, comunidades dignas que buscan el bien común por encima de intereses particulares. No permitiremos que después de 500 años aún sigamos siendo objeto de conquistas, despojos, destrucción de nuestros recursos naturales”, puntualizó la mujer.
Agregó que además de la construcción de este gasoducto, en Cuacuila existen otros proyectos que afectan al bienestar de la población, entre los que destacan la edificación de la Autopista México-Tuxpan.
