En las últimas semanas se ha caído una larga lista de testigos que la Fiscalía General del Estado (FGE) había presentado contra Javier López Zavala, entre ellos cuatro actores claves que daban el mayor sustento a la acusación de que el político priista es el autor intelectual del homicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez. Tal situación plantea, por primera vez, que quien fuera candidato al Gobierno de Puebla en breve podría obtener una sentencia absolutoria –en la primera instancia judicial–, junto con los dos imputados de ser los asesinos materiales. Un fallo que de darse en esas condiciones sería polémico y llenó de sospechas de que no se hizo justicia.
La FGE presentó a la abogada Marisol Montes Bravo como testigo clave para sustentar un supuesto ambiente de violencia y de amenazas de López Zavala contra Monzón, y ha ocurrido todo lo contrario, la litigante –que era una amiga muy cercana a la víctima— ha declarado –ente el juzgado– que no cree en la culpabilidad del político y que nunca hubo un escenario de agresiones. Sostiene que el Ministerio Público (MP) la presionó para hablar contra el excandidato y que un abogado sería el verdadero homicida.
Los dos agentes del MP que iniciaron y terminaron la averiguación contra el priista se negaron a comparecer ante el juez, supuestamente porque el expediente no incluye los elementos que ellos encontraron en la investigación del caso.
Un tercer testigo, que habría presenciado el asesinato de Monzón Pérez, describe a los dos homicidas con características físicas y de edades que no coincidirían con las identidades de los imputados, Jair N. y Silvestre N., que están presos por supuestamente ser los autores materiales de la ejecución de la abogada defensora de los derechos de género.
Un papel oscuro de la FGE
Tal escenario debe llevar a cuestionar con severidad el oscuro papel que la FGE está jugando en la procuración de justicia de Puebla. Cada vez que pasa más el tiempo, la institución parece más hundirse en el fango de la corrupción y la inoperancia, lo que da pie a una pérdida constante de credibilidad.
Por ahora es riesgoso aventurarse a definir con precisión que pasó en el caso del homicidio de Cecilia Monzón Pérez. Sin embargo, es necesario empezar a preguntarse: ¿por qué en el cierre del juicio contra López Zavala parecen estarse derrumbando una parte fundamental de la acusación contra el exsecretario de Gobernación?
¿Personal de la FGE actuó en colusión con el político priista para que la averiguación en su contra se cayera en el momento crucial del juicio?
¿Fue una venganza política la acusación contra Javier López Zavala y no un verdadero esclarecimiento la muerte de Cecilia Monzón?
¿O acaso otra vez fue la negligencia, la ineptitud, que privan en la FGE lo que está ayudando –involuntariamente– a los acusados de este entramado criminal?
Investigación “a chaleco”
Hay tres especulaciones que se han desatado en los círculos de los que defienden a Zavala –tal como se le conoce en el ambiente político—y lo que claman justicia para castigar a los culpables del asesinato de Cecilia Monzón, sobre el curso que ha tomado el juicio de dicho asunto.
La primera es que la FGE –bajo la tutela del fiscal general Gilberto Higuera Bernal– actuó como lo que en el argot de la Policía Ministerial se llama “investigación a chaleco”, que no es otra cosa que se da la orden que alguien es “culpable” y a como dé lugar, sin que se tengan las pruebas necesarias y bien soportadas, se le va a acusar de un delito grave.
En este caso, los allegados a quien fuera el político más poderoso en el sexenio del gobernador Mario Marín, sostienen que la investigación en su contra habría sido acelerada, precipitada, sin sustento, pues lo detuvieron 15 días después del asesinato. Una acción más motivada por un asunto de impacto mediático, que por realmente tener el soporte pericial para imputarlo.
La acusación contra Zavala se inscribía –dicen sus defensores— en ser “el acusado perfecto”. Tenía una mala relación con Monzón, en su calidad de ex pareja sentimental y padre de un hijo menor que ambos procrearon. Con pleitos por el monto de la manutención del pequeño y que trascendieron al plano mediático. Pero eso no quería decir que el fuera el asesino intelectual.
Parecía entonces que su detención fue más por un asunto de rentabilidad política, que por tenerse la certeza de que él planeó y ordenó el homicidio ocurrido el 21 mayo de 2022, en el Camino Real a Cholula, en donde la abogada fue interceptada por dos hombres que iban en una motocicleta y uno de ellos, le disparó y la ejecutó.
Un juego perverso de la FGE
La segunda especulación es que hubo un juego “perverso” desde un inicio en la FGE, pues, aunque la dependencia en ese entonces, el 6 de junio de 2022, daba a conocer un relató preciso, convincente, de que López Zavala presuntamente pidió a su sobrino Jair N. organizar el atentado contra Monzón, lo que llevó al segundo a contratar en Veracruz a un sicario llamado Silvestre N., en él área operativa del Ministerio Público se habría construido –con dolo— una averiguación que, tarde o temprano, se iba a caer.
Todo con el propósito de ayudar al político priista a librar su presunta culpabilidad en el asesinato de la abogada.
Es decir, que se fingió que se estaba yendo a fondo en el esclarecimiento del feminicidio de Monzón Pérez, cuando en realidad se estaba construyendo una averiguación a favor de Zavala, para que en el transcurso del litigio y con ayudas surgidas desde el Poder Judicial, que vino retrasando hasta la exasperación el juicio, se pudiera ir desvaneciendo la pruebas contra el ex aspirante a la gubernatura.
¿Es creíble esta versión? Claro que sí, es una constante en México que los políticos acusados de delitos graves pisan la cárcel una temporada y luego son liberados, al utilizar redes de complicidades y de corrupción para ir desmontando los procesos legales en su contra, sin importar que sean evidentes los delitos cometidos.
Ahí están los casos de Rosario Robles Berlanga, que quedó libre pese los miles de millones de pesos –del erario federal– que se esfumaron con la Estafa Maestra, Emilio Lozoya Austin que es el único político en América Latina tocado por los sobornos de Odebrecht y que no fue sentenciado, el morenovallista Eukid Castañón que salió de prisión acusado de extorsión cuando parecía tener perdido el juicio en su contra, o Alfredo Arango, el exsecretario de Salud acusado de un monumental fraude que únicamente reposó unos meses en el Cereso de San Miguel. Solo por citar algunos ejemplos.
Era de entenderse que, entre 2004 y 2010, Zavala fue quien controló el Poder Ejecutivo del estado de Puebla, que en esa época incluía a la entonces Procuraduría General de Justicia y, seguramente, con el paso de los años, habría seguido conservando redes de complicidad e influencia en la ahora FGE.
Por eso es posible que creer en la especulación de que lo estarían “ayudando” desde las esferas de procuración e impartición de justicia.
Una negligente FGE
La tercera hipótesis, que es algo frecuente, es la negligencia con que se conduce la FGE, dando pie a la llamada “puerta giratoria”, que permite por un lado publicitar detenciones de criminales y presumir reducciones estadísticas de denuncias por ilícitos, y, por otro lado, los acusados de diversos delitos salen con total impunidad porque los jueces determinan que hay vicios en los procedimientos en las acusaciones.
Cualquier de los escenarios, se advierte que habrá escándalo en el fallo final de este este juicio.
