El Gobierno de México presentó una propuesta para endurecer las sanciones por abuso sexual, ampliar su definición legal y establecer nuevas obligaciones para los agresores, como parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, anunciada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, busca reforzar la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual en el país.
La propuesta plantea reformar el Artículo 260 del Código Penal Federal para fijar penas de tres a siete años de prisión, además de multas que irán de 200 a 500 veces la UMA. La reforma también establece que el abuso sexual se persiga de oficio y redefine este delito como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, roces, exhibiciones, caricias, representaciones explícitas y otras conductas que vulneren la integridad de las víctimas.
La iniciativa incorpora nuevas conductas delictivas, como obligar a la víctima a observar o realizar actos sexuales, así como a exhibir su cuerpo en espacios públicos o privados. Las penas aumentarán hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa con violencia física o psicológica, exista relación de jerarquía o confianza —laboral, educativa, religiosa, familiar o sentimental—, cuando haya coautoría o cuando lo perpetre una persona servidora pública o un ministro de culto. En estos casos, los funcionarios también enfrentarán destitución e inhabilitación.
Además de las penas de prisión y multas, los agresores sexuales deberán participar en talleres reeducativos con perspectiva de género y/o realizar servicio comunitario orientado a medidas de no repetición y promoción de la igualdad sustantiva. Estas obligaciones buscan transformar conductas y reducir la reincidencia.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Sheinbaum presentó 10 compromisos para fortalecer la estrategia nacional, entre ellos garantizar que ninguna denuncia sea desestimada, homologar el tipo penal en todo el país, crear senderos seguros y reforzar la atención a víctimas indirectas de feminicidio.
