Dos eventos delictivos ocurridos en las últimas horas en Puebla –el asesinato de un propietario de pollerías en la Central de Abasto y el ataque a balazos e incendio por parte de un comando al table dance Lacoss, que dejó un saldo de cinco muertos– obligan a prender todas las alarmas en torno a un delito que no solo ha crecido exponencialmente en el estado, sino que incluso, por desgracia, empieza a normalizarse: la extorsión y su hermano bastardo, el cobro de piso.
Si bien en el caso Lacoss una de las líneas de investigación podría llevar a un ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudistas, la mecánica de los hechos indica que muy probablemente hubo amenazas previas relacionadas con algún tipo de coerción a los propietarios de ese centro nocturno, muy popular al igual que otros como El Madeleine y El Porkys.
Ya será tarea de la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer los hechos y el móvil del violento atentado; sin embargo, ya no se puede tapar el sol con un dedo ante el fenómeno de la extorsión, un ilícito practicado por muchas autoridades –algo de lo que poco se habla–, pero sobre todo por bandas del crimen organizado.
El problema ya es grave y se ha extendido, especialmente, a varios mercados y zonas comerciales. Recientemente, se detectaron casos de cobro de piso en mercados de Huejotzingo, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan, donde los comerciantes son amenazados para exigirles pagos a cambio de permitirles trabajar.
Los extorsionadores son –o se hacen pasar– por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigen dinero en efectivo a los comerciantes.
También se han reportado casos de mujeres que lideran redes de extorsión y cobran piso a nombre del CJNG.
Los extorsionadores suelen llegar en vehículos sin placas y amenazan a los locatarios con dañar sus locales o familias si no pagan.
De 2019 a 2025 se han registrado en Puebla mil 080 víctimas de este delito, que no solo alcanza a comerciantes, sino también a empresarios.
Tan delicado está el tema que esta misma semana la Coparmex compartió con sus socios un posicionamiento, que en el fondo es un severo reclamo a las autoridades de todos los niveles para frenar la extorsión y el cobro de piso.
Dicho pronunciamiento señala:
“México enfrenta un gran desafío. Cada semana, cada día, hay hechos dolorosos que nos confirman que vivimos en un país donde la violencia cotidiana crece, donde la extorsión estrangula economías locales, donde la impunidad alimenta el enojo social, y donde la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse.
”Actualmente levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores, universitarios. Voces distintas, que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas.
”Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos.
”No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.
”La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las MiPyMEs, que son el corazón productivo del país.
”La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible.
”En lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2%.
”De estas víctimas, 11.8% se encuentran en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2% respecto al año pasado. Esto sin tomar en cuenta la cifra negra, es decir, la falta de denuncia, resultado de la desconfianza social ante la sospecha de colusiones y represalias.
”Esto significa que la extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta proporcional del Estado.
”México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, con los recursos equivalentes a su impacto económico y social”.
La Coparmex exige a los gobiernos una estrategia que no atienda solo las emergencia, sino que vaya más a fondo para combatir lo que en realidad alienta este delito: la impunidad.
Y que en México sale barato, o gratis, extorsionar o cobrar piso. No hay castigo para el delincuente. Y pobre de aquel comerciante o empresarios que se niega, pues es casi un pasaporte a la muerte.
Urge que el Senado de la República asuma la parte que le toca y de inmediato dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada en la Cámara de Diputados.
Esta ley es fundamental para homologar criterios, fortalecer fiscalías y cerrar los espacios a los extorsionadores.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), por su parte, ha advertido que la extorsión es ya un factor alarmante.
A través de un comunicado, señaló que “para miles de pequeños comercios, el cobro de piso ya no es un riesgo aislado, sino un costo de operación que se ha normalizado a la fuerza, encareciendo mercancías, afectando la estabilidad de los negocios y debilitando su capacidad de competir. Esta carga adicional termina inevitablemente trasladándose al consumidor final”.
En Puebla, como dio a conocer el titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, de julio a octubre de 2025 se han registrado 3 mil 179 llamadas de extorsión.
El problema, reitero, se ha normalizado y al menos hasta hoy, las acciones gubernamentales para atacarlo y erradicarlo, no han funcionado.
Un dato duro:
Es el único delito que no tuvo reporte a la baja a nivel nacional por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Así de grave.
Nadie merece vivir con miedo.
