La diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amnistía para el Estado de Puebla, a fin de decretarla a personas migrantes, siempre y cuando, durante su proceso penal no hayan tenido un acceso pleno a la justicia ni a la jurisdicción efectiva del Estado; no se hayan garantizado los mecanismos adecuados de convalidación de actuaciones conforme a su condición cultural o situación migratoria; o no se les haya asegurado el derecho a contar con intérpretes, traductores o defensores que comprendan su lengua, cultura o contexto sociocultural.
Este enfoque especial para la comunidad migrante se propone no solo como una cuestión de justicia social, sino también de pragmatismo a los sistemas judiciales y penitenciarios.
“Un enfoque más humano e inclusivo sobre la migración permite crear una sociedad más equitativa y estable, al igual que minimiza el peligro al que están expuestos por delitos en que pueden ser incriminados por las condiciones estructurales que los revictimizan”, considera la diputada en su propuesta legislativa.
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La iniciativa, que propone reformar la fracción II del artículo 3 de la Ley de Amnistía para el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución correspondiente.
Por otra parte, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el fin de ampliar la accesibilidad, comprensión y uso de la información pública, garantizando que las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer plenamente su derecho en condiciones de igualdad, inclusión y no discriminación, además de impulsar la estandarización de formatos, la uniformidad en la información y el uso de tecnologías accesibles e incluyentes.
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La propuesta legislativa pretende reformar los artículos 8 fracción XVI, 49 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Para su estudio y resolución, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.
Asimismo, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con la finalidad de establecer que el Gobierno del Estado y los municipales desarrollarán programas y planes encaminados a la recopilación, investigación, desarrollo y difusión de las prácticas tradicionales indígenas de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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La iniciativa, que establece reformas al artículo 47 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En su momento, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de indicar que toda persona joven tiene el derecho a acceder a las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo radiodifusión, telecomunicación, banda ancha e internet.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte.
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Asimismo, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de prevenir todo tipo de actos de violencia, discriminación y acoso en los eventos deportivos.
La iniciativa propone reformar las fracciones XI del artículo 14 y la XI del artículo 21 de la Ley Estatal del Deporte.
Para su análisis procedente, la propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Juventud y Deporte.
La diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las niñas y niños tienen derecho a vivir en familia, a un estado de bienestar físico, mental y emocional, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, identidad, sano esparcimiento, y a llevar una vida digna y libre de violencia, para su desarrollo integral.
La propuesta, que plantea reformar el último párrafo del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Durante la sesión, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con el propósito de que se implementen acciones específicas para garantizar la inclusión y participación de las personas jóvenes en el ámbito laboral y político, priorizando aquellas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta pretende reformar las fracciones XII, XIII y adicionar la fracción XIV al artículo 16 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Juventud y Deporte.
En su momento, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la violencia feminicida es la manifestación extrema de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, que se configura a través de conductas de aversión, odio, desprecio o discriminación que, directa o indirectamente, pongan en riesgo su vida o tengan como resultado su muerte violenta.
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Con esta iniciativa se pretende fortalecer el marco jurídico y los mecanismos operativos del Estado de Puebla para garantizar la prevención, detección temprana, atención y sanción de la violencia feminicida, así como asegurar la protección plena y efectiva de las mujeres poblanas.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
En más del orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta de la siguiente propuesta legislativa:
–Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para adicionar el artículo 19 Bis de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que cuando exista violencia sistemática de género, las autoridades competentes deberán actuar con debida diligencia reforzada, implementar medidas correctivas y de reparación integral, así como adoptar garantías de no repetición y capacitación especializada al personal involucrado.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
