Debido a las quejas que al más alto nivel hicieron empresarios de Puebla víctimas de extorsión y cateos en sus casas y negocios, este fin de semana renunciaron o fueron destituidos de sus cargos al menos dos fiscales especiales y otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
Entre los removidos figuran Luis Antonio León Delgadillo, fiscal especializado de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI); Miguel Islas López y Jorge Malvaez Rodríguez, titular y coordinador de Investigación de la Fiscalía de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todos ellos oriundos del Estado de México.
Llegaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) con Idamis Pastor Betancourt, y ya tenían malos antecedentes a su paso por la Fiscalía del Edomex y otras instituciones de dicha entidad federativa.
A la par de su salida, trascendió que los empresarios extorsionados con supuestas carpetas de investigación por delitos de lavado de dinero, fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita son 39 y que entre estos figuran hijos de gobernadores, constructores, prestanombres y socios de estos, así como contratistas del Gobierno del estado y la BUAP, y un exdirigente estatal del PVEM.
También se tiene confirmado que Óscar Jesús Parra Tay fue parte de estas acciones de chantaje, al entrar en contacto con algunos hombres de negocios a los que conoció y trató como funcionario del Ayuntamiento de Puebla, directivo del PVEM y coordinador de Medio Ambiente del Gobierno estatal.
Además del empresario Javier Milián Mora, dueño de tables dance, gimnasios y restaurantes, habrían sido extorsionados Javier y Guillermo Pacheco Pensado, Juan Pablo Kuri Carballo, Edgar Nava García, Juan Pablo Piña Kurzcyn, Jorge Ricardo Tabe Ramírez y Maclovio Efrén Hernández Hernández, así como el restaurantero Carlos Eduardo Ramos, actualmente preso, y Juan Carrera Martínez, este último constructor de la nueva sede del Congreso del estado.
Se sabe que en la relación de empresarios extorsionados hay gente de Tehuacán y otros municipios de la Sierra Norte que han sido objeto de cateos en sus casas y empresas ordenados por las fiscalías de Delitos de Alta Incidencia y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con una fuente que pidió la gracia del anonimato, una de estas carpetas, la FGEP/CDI/FEIDORPIFR/UEIFR-I/000100/2025, tendría como sujetos de investigación a los hijos de un exgobernador de Puebla, que son dueños de constructoras, desarrollos inmobiliarios, un hotel en el Centro Histórico, verificentros y otras empresas.
Las quejas de los empresarios extorsionados habrían escalado después de la detención del dueño de los tables dance Mamitas Mens Club y 40 Grados, Javier Milián, a la salida del fraccionamiento La Vista y por las revisiones a sus negocios y propiedades, de donde los ministeriales se habrían llevado dinero en efectivo, relojes y joyas, por varios millones de pesos.
El abogado de Javier Milián, que grabó en video su arribo a la Casa de Justicia de Cholula, antes de ser recluido, fue testigo de la extorsión del coordinador de Investigación de la Fiscalía Especializada de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Jorge Malvaez.
Por esta situación y por las irregularidades que pudo documentar el abogado Guillermo Morales Rodríguez en video, el juez de Control Salvador Hernández Martínez calificó de ilegal de la detención del dueño del Mamitas y 40 Grados y de los gimnasios Kompter, así como de sus socios o gerentes Alejandro Carrillo y Jonathan Palacios, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Los agentes ministeriales involucrados en el caso, que son objeto de una investigación interna y que también podría dejar de laborar en la FGE, son Rigoberto Baruch Hernández, Leydi Vianey y Lorena Sayuri, todos ellos adscritos a la Fiscalía en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a que ni siquiera pudieron comprobar la legalidad de la detención de Javier Milián la mañana del jueves 9 de octubre a la salida del fraccionamiento residencial de La Vista.
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El INE solo nombró dos consejeros del IEE; el tercero se quedó pendiente
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no lograron ponerse de acuerdo en la sesión del 31 de octubre para nombrar a tres consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) por un periodo de siete años.
Solo designaron a dos: Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández.
Lo ocurrido en Puebla se repitió en otras entidades donde también quedaron pendientes nombramientos de consejeros de OPLES.
La maestra Mariana Ceballos venía desempeñándose como vocal secretaria de la Junta Local del INE en Veracruz. Antes de ese cargo fue jefa de Departamento en el IEE y responsable de la Unidad de Docencia y Capacitación Electoral del TEEP.
Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho Civil y Mercantil por la BUAP.
Héctor Tello es abogado egresado de la BUAP, fungía como encargado del Departamento de la Oficialía Electoral del IEE. De 2022 a 2023 fue jefe del Departamento de Actos de Autoridad e Imposición de Sanciones del SOAPAP, y en 2020 fue secretario de Estudio y Cuenta de Juzgado Quinto Penal de Puebla.
Aún no existe una fecha para nombrar a la consejera que quedó pendiente, luego de que el 31 de octubre concluyó la gestión de tres consejeros: Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.
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Siguen complicándose las cosas en la Delegación del ISSSTE
Los problemas en la Delegación del ISSSSTE en Puebla siguen multiplicándose, pues ahora además del rezago en el pago de proveedores y el estancamiento de diversos programas y trámites, se están dando casos de abuso y maltrato de personal y de millonarias adjudicaciones de medicinas y material de curación.
De acuerdo con información disponible en la plataforma ComprasMX de la Secretaría de la Función Pública, el ISSSTE Puebla asignó de manera directa una compra urgente de medicamentos y material de curación por 15.8 millones de pesos a la empresa BR MARCAMM SAPI de CV.
La premura de dicha adquisición requerida por la Subdelegación Médica, encabezada por el doctor Alfonso Tecpanécatl García, bajo el argumento de desabasto en diversas claves del sistema CENADI fue gestionada por el subdelegado de Administración, Felipe Villanueva Eretza, a través del Departamento de Recursos Materiales y Obras.
En el expediente nunca se sustentan las razones de la urgencia de esa compra, ni las causas que provocaron el desabasto de ciertas claves de medicamentos.
Acorde con testimonios de funcionarios y empleados de la Delegación del ISSSTE en Puebla, la problemática que enfrenta el Instituto es consecuencia de que no hay delegado y que el encargado de coordinarla, el subdelegado administrativo Felipe Villanueva, solo labora de lunes al mediodía a jueves en la tarde.
La razón estriba en que el subdelegado de Administración y recomendado del director general del Instituto, Martí Batres Guadarrama, atiende otras encomiendas de su jefe en la zona de Iztacalco en la Ciudad de México, dejando los pendientes de la Delegación en funcionarios menores como jefa de Prestaciones, que maltrata a los derechohabientes y empleados con sus formas altaneras y poco educadas.
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