Rodolfo Ruiz R. / La Corte de los Milagros
Israel Pacheco Velázquez acaba de ganar uno de los tres amparos que promovió contra su detención y reclusión en el penal de San Pedro Cholula por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo el destituido líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla aún continuará en prisión, en tanto se resuelven de fondo los otros dos amparos que emprendió en contra de los autos de formal prisión dictados por el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores.
El amparo que echa por tierra la primera acusación que llevó a la cárcel a Israel Pacheco, el pasado 13 de abril de 2014, es el 658/2014 otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito, que no encontró elementos que acrediten el delito de extorsión que en contra de aquel presentó el actual secretario de Finanzas del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Orlando López Reyes.
La resolución que tuvo que acatar el juez penal de Cholula se publicará mañana en el portal del Poder Judicial Federal.
Las otras dos acusaciones que pesan en contra del destituido líder sindical son los delitos de extorsión, en agravio del trabajador Benjamín Morales, y enriquecimiento ilícito, este último supuestamente con las cuotas de los trabajadores afiliados al sindicato Benito Juárez del ayuntamiento de Puebla.
Ambos juicios podrían resolverse en unos cuatro o cinco meses, por lo que Israel Pacheco podría salir del penal de Cholula a finales de año o principio del 2016.
Burocratismo en la expedición de RVOES
Aunque la Secretaría de Educación Pública del estado asegura que cuenta con la norma de calidad ISO 9001-2008 que certifica, entre otros procesos, el de otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior (RVOES) en no más de 150 días hábiles, lo cierto es que la dependencia presenta una demora monumental en esta materia, un atraso de años.
Rezago que podría llevar a algunas escuelas e instituciones de educación superior a cuestionar las certificaciones ISO 9001-2008 que presume la SEP del estado a través de su Sistema de Gestión de la Calidad, y al organismo internacional que las otorga EANOR por no verificar el cumplimiento —en tiempo y forma— de estos procesos administrativos.
Según estas instituciones, existen RVOES que fueron tramitados desde el 2011 —y con los cuales se abrieron algunas carreras profesionales—, que no han sido otorgados ni rechazados, y que siguen acumulándose en las oficinas del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP, Jacinto Herrera Rivera.
En respuesta a una solicitud de información presentada a través del Sistema Infomex, la SEP del estado reconoce que tiene pendientes de resolver 84 solicitudes de RVOES correspondientes a los años de 2012, 2013 y 2014, pero que no se han otorgado porque su trámite se encuentra en la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS) por tratarse de carreras vinculadas al sector de salud pública.
Dicha información, a decir de las mismas instituciones, tampoco es verídica ya que hay solicitudes que nada tienen que ver con el campo de la medicina o la salud, presentadas por la Universidad Tolteca, la Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES), el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del estado, el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla, la Universidad de la Sierra, la Universidad Popular Autónoma de Estado de Puebla y la Universidad de Oriente, que no se han autorizado a pesar de que han transcurrido desde su tramitación más de 150 días hábiles.
Son RVOES para ingenierías y licenciaturas en criminalística y criminología, arquitectura, diseño, gastronomía, así como maestrías y doctorados en Educación, Desarrollo de Sotfware y Juicios Orales, que nada tienen que ver con el área de la medicina y la formación de profesionistas en el área de salud.
Lo más grave de la situación es que varias instituciones abrieron, con la complacencia de la SEP, carreras con RVOES en trámite y de las cuales están por egresar cientos de estudiantes que ahora no podrán titularse, ni gestionar su cédula profesional, hasta los mismos no sean autorizados.
Autorización que, dicho sea de paso, también se ha retrasado por tanto cambio en la dependencia, desde la salida de Luis Maldonado Venegas, quien fue sustituido por José Alberto Lozoya Legorreta, quien fue reemplazado por Jorge Benito Cruz Bermúdez, y a quien luego le sucedieron Antonio Argüelles Díaz González y Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, esta última como encargada de despacho.
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