La aprehensión de los siete jóvenes acusados de arrojar bombas molotov en instalaciones gubernamentales la madrugada del 1 de junio se ejecutó con el estricto apego a la ley y sin violar los derechos humanos de los implicados, sostuvo el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Antonio Carrancá Bourget.
En entrevista, el funcionario estatal subrayó que la investigación sigue abierta, por lo que se procederá en contra de quien o quienes resulten culpables de los hechos ocurridos el 1 de junio en un paradero de la primera línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) y en la delegación de la Secretaría de Economía.
“Se trató de una presentación, la Procuraduría obtuvo una orden de cateo judicial, fue una presentación para que declararan en estricto respecto a sus derechos humanos, fue una presentación que la Procuraduría tiene esas facultades”, mencionó en alusión a la detención de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes fueron detenidos el 5 de junio y posteriormente puestos en libertad al no encontrarse las pruebas suficientes de su participación.
Empero, Carrancá Bourget sostuvo que los jóvenes aún son parte de la investigación que realiza la dependencia a su cargo. “En el momento en que existan los elementos suficientes vamos a proceder en contra de quien resulte responsables”.
Reiteró que los artefactos lanzados a las oficinas antes mencionadas y que solo causaron daños materiales, son de fabricación casera.
