La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado de Puebla concretó un relevo estratégico en una de las áreas más sensibles del Gobierno estatal: la Subsecretaría de Egresos. A partir de este jueves, Daniela Stephanie Pérez Calderón asumió la titularidad del área, en sustitución de Víctor Hugo Domínguez Amado, quien había ocupado el cargo desde el inicio de la administración de Alejandro Armenta Mier.
Pérez Calderón proviene de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se desempeñaba como Oficial Mayor. Según fuentes estatales, presentó su renuncia con fecha del 30 de septiembre, sin embargo, el movimiento se adelantó y este mismo jueves fue presentada oficialmente en las oficinas de Finanzas, ubicadas en la colonia Azcárate.
Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en la Subsecretaría de Egresos, encargada de administrar y vigilar la aplicación de los recursos estatales en todas las dependencias y proyectos, una posición clave en la operación financiera del gobierno.
La trayectoria de Domínguez Amado
El relevo significa el cierre del ciclo de Víctor Hugo Domínguez Amado, un perfil con peso político y técnico dentro del gobierno de Armenta. Cercano al gobernador, fue operador financiero de su campaña y posteriormente asumió la Subsecretaría de Egresos.
De origen priista, Domínguez fue militante del PRI, candidato a la alcaldía de Acajete y empresario transportista con la firma Autobuses Coordinados S. A. de C. V.
En su gestión dentro de la administración pública, tuvo a su cargo explicar técnicamente la terminación de la Asociación Público Privada del Museo Internacional del Barroco, considerada por el gobierno de Armenta como uno de sus principales logros financieros al cancelar un esquema de deuda heredado.
Reestructuración interna
La salida de Domínguez Amado y la llegada de Pérez Calderón sugieren una reconfiguración dentro de la Secretaría de Finanzas, posiblemente para imprimir un nuevo enfoque a la gestión del gasto público estatal.
El relevo en la Subsecretaría de Egresos no solo implica un ajuste administrativo, sino también una decisión política en una de las posiciones más influyentes para el rumbo financiero de Puebla.
