Por cuarta ocasión consecutiva, autoridades estatales y federales no lograron concretar la diligencia judicial para la restitución de un inmueble en la Ex Hacienda San José Zetina, ubicada en San Andrés Azumiatla, al sur de la capital poblana.
La mañana de este jueves, un operativo de más de 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE), policías municipales, así como elementos del Ejército y la Marina, se movilizó en más de 50 patrullas para ejecutar la orden judicial emitida por el juez Salvador Hernández Martínez, quien resolvió devolver 400 hectáreas a la inmobiliaria Vasur. El fallo, que data de hace 23 meses, aún no se ha cumplido debido a la resistencia de los habitantes.
Enfrentamiento evitado
Al aproximarse al paraje Santa Rita, los diligenciarios y uniformados fueron confrontados por un grupo de civiles, identificados como presuntos paracaidistas vinculados a Antorcha Campesina. Los pobladores bloquearon el paso y advirtieron que defenderían el predio con fuerza, por lo que las autoridades recibieron la instrucción de retirarse para evitar un enfrentamiento.
Hacia las 10:00 de la mañana, los agentes se retiraron en caravana, mientras cerca de 50 habitantes permanecieron apostados en la zona para impedir cualquier intento de ingreso. Hasta el momento, ni la SSP ni la FGE han emitido pronunciamientos oficiales sobre la diligencia.
Este es el cuarto intento fallido de restitución; el anterior se registró el 14 de mayo. El litigio comenzó en 2023, tras la denuncia de la inmobiliaria Vasur por despojo ilegal. Aunque el juez ordenó la restitución, el proceso penal sigue abierto contra ocho acusados, cuyos abogados han pospuesto las audiencias alegando cambios de defensa, quejas contra jueces o enfermedad.
Tácticas de resistencia y desgaste
Fuentes periodísticas señalan que los invasores, liderados por una mujer conocida con el sobrenombre de “María Félix”, han recurrido a diversas estrategias para prolongar el litigio. Entre ellas, la promesa de terrenos baratos a simpatizantes y la creación de un frente de apoyo con mujeres, niños y personas de la tercera edad, a manera de “escudos humanos” que impidan un eventual desalojo.
Al mismo tiempo, la agrupación enfrenta desgaste interno. Varios colonos han abandonado los predios tras denunciar que fueron engañados: les vendieron lotes sin servicios básicos ni documentos legales de propiedad, dio a conocer el periodista Fermín Alejandro García, de La Jornada de Oriente.
Programas sociales como “gancho”
De acuerdo con versiones locales, recopiladas por el columnista de La Jornada de Oriente, los invasores han intentado sumar adeptos ofreciendo beneficios de programas sociales como el Programa de Gallinas y Huertas de Traspatio, que otorga dinero e insumos para pequeños proyectos familiares. Para inscribirse, se pide carta de vecindad e identificación oficial.
Incluso se ha señalado que habitantes han recibido cartas firmadas por la presidenta auxiliar de San Andrés Azumiatla, Anastasia Onofre Romero, cercanas al político morenista Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de la Secretaría del Bienestar en Puebla. Esto ha despertado sospechas sobre un posible uso político de los programas sociales en el conflicto.
El conflicto más grande en Puebla
La invasión de la Ex Hacienda San José Zetina, que abarca 400 hectáreas, es considerada la más grande registrada en Puebla. Aunque la orden de desalojo sigue vigente, los intentos por ejecutarla han fracasado en medio de la oposición civil y las maniobras políticas que rodean el caso.
